Ni un día pasa sin que haya polémica medioambiental en Huelva. Doñana, los devastadores incendios en la provincia, y ahora los fosfoyesos. El paisaje de residuos radiactivos a escasos 500 metros de algunas viviendas de la capital tiene miga. Más allá de la cascada de alegaciones contra el plan de Fertiberia para el cofinamiento de los residuos, ahora la empresa ha remitido un documento al Ayuntamiento de Huelva y a la Audiencia Nacional en el que traslada al Consistorio capitalino la responsabilidad de la restauración de la zona 4 de las balsas de fosfoyesos.
Ni más ni menos. Fertiberia entiende que como el Ayuntamiento realizó en su día labores de restauración en esa zona, pues debe ser quien se haga cargo de la misma.
Y todo viene a cuenta de dos oficios enviados por la Junta de Andalucía a dicha empresa los días 12 y 18 de mayo. En uno de ellos le requería la realización de un “informe exhaustivo sobre el grado de degradación de la zona 4”, en el que se evalúe la posibilidad de salidas de agua al sistema, así como propuestas de sellado. La empresa afirma que su proyecto contempla el tratamiento de la zona perimetral, pero más allá, en caso de que se requirieran más actuaciones, “debería llevarlas a cabo el Ayuntamiento”.
Por su parte, en el otro oficio que le envió la Junta, se instaba a la empresa a “adoptar todas las medidas a su alcance” para acabar con la posible existencia de un “vertido no autorizado” de las balsas al río Tinto. La empresa se ampara en que esa actuación forma parte de su proyecto constructivo para solicitar a la Audiencia Nacional la ejecución parcial del mismo, para lo que necesita el visto bueno de Gobierno, Junta y Ayuntamiento a través de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), la Autorización Ambiental Integrada (AAI) y el informe de compatibilidad urbanística, respectivamente.
Oposición clara
Una vez conocida la intención de Fertiberia de endosar al Ayuntamiento la restauración de la zona 4 de las balsas, el colectivo de Mesa de la Ría (MdR) ha mostrado su oposición a tal pretensión, ya que lo califica como un “escaqueo” de la empresa de fertilizantes a la hora de restaurar la zona.
El portavoz de Mesa de la Ría, Rafael Gavilán, ha explicado que Fertiberia “tiene la obligación de corregir esos vertidos” en base a la Ley 1/2016 de prevención y control integrado de la contaminación, el Decreto 109/2015 en el que se aprueba el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico -al margen de la existencia o no de un proyecto constructivo,- y la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental.
Para Gavilán se trata de “una mofa más ante los ciudadanos el hecho de que Fertiberia pida ahora autorizaciones para unos trabajos que ha estado realizando habitualmente, como es retirar vertidos fuera de su concesión, con el único objetivo de engañar para obtener una autorización del que su proyecto carece y que no tiene visos de que vaya a ser obtenida”.
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