La mayoría de los residuos municipales que generamos en España, hasta un 60%, terminan en vertederos. Este porcentaje duplica la media de la Unión Europea.
A principios de 2015 la Comisión Europea publicó un paquete de medidas cuyo objetivo era poner en marcha la transición a una economía circular. Esta transición más allá de ser únicamente una fórmula para recuperar y reciclar más residuos, se planteaba como un avance sustancial en el plano conceptual y de impulso político dirigido a desarrollar un nuevo enfoque económico basado en el cierre de los ciclos de materiales y de energía que terminase de una vez por todas con el actual modelo lineal de extraer materiales, usarlos y tirarlos.
Esta filosofía puede permitir que de una vez por todas la ecología y la economía vayan de la mano.
Nadie duda de los graves impactos ambientales que genera en el territorio la gestión de los residuos que generamos. El suelo ocupado por los vertederos, los vertidos a las aguas superficiales y subterráneas, la producción de gases de efecto invernadero como el metano, que genera 20 veces más efecto invernadero que el dióxido de carbono, la contaminación que provocan los residuos en nuestros mares y océanos, son buena prueba de ello.
Pero la producción y gestión de los residuos tal y como la conocemos también está generando impactos en la economía. En 2010 la Comisión Europea advirtió de la escasez de 14 materias minerales fundamentales para producir productos de alta tecnología como los teléfonos móviles. En Europa cada año se utiliza un promedio de 16 toneladas de materiales por persona para mover nuestra economía y 6 toneladas/ persona se convierten en residuos terminando aproximadamente la mitad en vertederos.
La apuesta por la economía circular requiere una voluntad política y un esfuerzo empresarial que está lejos de alcanzarse. La propia Unión Europea ha rebajado los objetivos fijados en el primer paquete de medidas presentado en enero de 2015, incluso entrando en desacuerdo con el propio Parlamento Europeo, que ha reclamado objetivos de reciclaje vinculantes más ambiciosos y objetivos de eficiencia concretos de los recursos utilizados para 2030, así como políticas más comprometidas con el medio ambiente.
En España, respecto a la Unión Europea, se reciclan o se convierten en compost sólo el 30% de los residuos producidos, frente al 43% de media en la Unión Europea. Sin embargo el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (2016-2022), no apuesta por la reducción en la producción de residuos y sí lo hace por la incineración. Sólo en España la economía circular podría generar en España 160.000 empleos hasta 2020.
En el caso de Andalucía ni siquiera se ha revisado ni evaluado el actual Plan Director de Gestión de Residuos no Peligrosos vigente, revisión que debería haberse hecho en 2016. Siendo Andalucía un territorio que sufre los estragos de las sequías, la progresiva desertificación y erosión de muchos de sus suelos, que cuenta con muchos municipios costeros en los que el medio marino forma parte fundamental de la economía de la zona, tanto en el sector turístico como en el sector pesquero, y que se ve gravemente afectado por vertidos mal gestionados o por los diversos desechos que recibe, la prevención, la correcta gestión de los residuos y el impulso a la economía circular debería convertirse en una herramienta política fundamental del gobierno andaluz.
No se puede esgrimir como excusa la crisis o la falta de recursos. Los fondos previstos por Europa para el desarrollo de la economía circular cuentan con respaldo financiero de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. En concreto 650 millones de euros procedentes del Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 y 5.500 millones de euros procedentes de Fondos Estructurales para la gestión de residuos, así como inversiones en economía circular a nivel nacional.
El desarrollo de la economía circular generará puestos de trabajo no deslocalizables y favorecerá la creación de pequeñas y medianas empresas sostenibles, así como empleos de buena cualificación vinculados a la investigación o a la reducción de gases de efecto invernadero.
En la actualidad existe una “burbuja tóxica” de la que extraen amplios beneficios económicos las grandes empresas del sector de la construcción que encontraron en la gestión de los residuos un nuevo nicho de mercado tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Los residuos no pueden seguir gestionándose con los criterios de la economía lineal de extraer-fabricar-tirar a costa de seguir aumentando la huella ecológica del planeta. Sus beneficios económicos no compensan ni el empleo generado, ni los daños irreversibles a nuestros recursos naturales. Estas empresas no internalizan los altísimos costes medioambientales a los que someten al territorio, costes que finalmente pagamos entre todas tanto en términos económicos como ecológicos.
Por todo ello es fundamental que la economía circular se plantee como una política central de estado, con objetivos ambiciosos como llegar a “Residuo Cero” a mitad de siglo. Para ello es fundamental acompañar el impulso político con una normativa efectiva que favorezca el uso de materiales reciclados o materias primas secundarias frente al uso de materias primas vírgenes, que se acompañe de incentivos y financiación adecuadas y de políticas educativas que contribuyan a crear el grado de conciencia colectiva necesaria para hacer entre todas una economía más justa para la sociedad y más responsable con la conservación de nuestro territorio.
Isabel Brito
Coportavoz de EQUO Huelva
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