El Ayuntamiento de San Roque ha solicitado la realización de dos proyectos a cargo de los fondos del Programa de Fomento de Empleo Agrario (Profea). Se trata de la mejora del acerado de la Avenida del Guadarranque a su paso por Taraguilla y la adecuación de la primera planta del inmueble de los antiguos juzgados de la Alameda para su conversión en siete viviendas tuteladas.
El teniente de alcalde delegado de Urbanismo, Juan Manuel Ordóñez, ha explicado que “ya se ha enviado a Cádiz la documentación para solicitar ambos proyectos. Hay que recordar que con estos fondos se cubrirán más de 10.500 contrataciones en toda la provincia”.
“El primero de los proyectos -detalló- se refiere a la mejora del acerado de la Avenida de Guadarranque en el tramo donde se encuentran las tiendas de muebles de Taraguilla. La propuesta es construir accesos peatonales y hacer la zona más transitable para todas las personas, especialmente para las que tienen alguna discapacidad. Por lo tanto, se trata de dar continuidad a la acera y de colocar la señalización entre la clínica veterinaria y el Bar Los Rosales”.
“El segundo proyecto -continuó Ordóñez- es la adecuación para convertir la primera planta de los antiguos juzgados de San Roque (sobre el actual Espacio Joven de la Alameda) en un centro de viviendas tuteladas. La propuesta es habilitar este espacio de 410 metros cuadrados y convertirlo en siete viviendas destinadas a personas mayores que posean un grado suficiente de autonomía personal. Se sumarían, por tanto, a las viviendas tuteladas que funcionan desde hace varios años en la calle Málaga”.
“Esperamos -dijo el edil- que se de el visto bueno a ambos proyectos para poder ejecutarlos cuanto antes. De esta manera no sólo se conseguirán unas importantes mejoras para el municipio, sino que también se dará empleo temporal a personas que lo necesitan”, concluyó Juan Manuel Ordóñez.
Los fondos PFEA (o Profea) se nutren en un 60% con aportaciones de la Administración General de Estado, que se dedica a los costes salariales, mientras que el 40% restante se destina a la adquisición de material y es sufragado por la Junta de Andalucía (en un 75%) y por la Diputación Provincial (en un 25%). A la Diputación le corresponde la supervisión de las obras, entre otros cometidos.
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