La Fiscalía de Sevilla pide cuatro años de prisión para el expresidente del Real Betis Balompié José León y cinco para el ex consejero delegado del club Luis Oliver, a los que acusa de un delito de apropiación indebida y de perjudicar en un millón de euros al equipo andaluz.
En un escrito al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía acusa a siete personas, entre ellos el también expresidente bético Jaime Rodríguez Sacristán, para el que pide nueve meses de prisión.
En el relato de los hechos del denominado caso Saqueo, la Fiscalía precisa cómo fue la actuación en los traspasos de los futbolistas del Betis Mehmet Aurelio al Besiktas turco y de Sergio García al Espanyol de Barcelona.
En el caso de Aurelio, la Fiscalía afirma que Oliver, en connivencia con León y los acusados José María Gálvez y Ángel Mayayo, pagaron 354.000 euros a una empresa que no hizo de intermediaria; y en el caso de Sergio García, se abonaron 590.000 euros a una empresa que tampoco hizo ninguna labor en el traspaso.
El traspaso se Aurelio lo cobró la empresa Bastogne Corporación SL y el de García se pagó a Sport Transfer Management SL, y en este caso Oliver y León actuaron en connivencia con otro acusado, Plácido Nicanor Robla, administrador de la segunda empresa, según la Fiscalía.
De los 590.000 euros pagados por el traspaso de Sergio García, 489.000 se transfirieron a una cuenta de Bastogne, y esta compañía envió "sin causa" dinero a otras empresas: Ranking XXX SL (149.832 euros) y Global Witness XX SL (69.620 euros), ambas propiedad de Mayayo.
Además, se transfirieron 13.501 euros a Stavia Sport SL, propiedad de Oliver, mil euros a su mujer "por razón de mera liberalidad" y 17.702 euros a Edificaciones Vostok Mir SL, que no conocía el origen de los fondos, indica la Fiscalía.
José León pagó 146.200 euros a Orión Consultoría y Gestión SL por servicios de gestión y asesoramiento en "connivencia" con la acusada Isabel Escrig, aunque la Fiscalía considera que a la empresa le correspondía cobrar solo 52.566 euros.
Luis Oliver, por su parte, como administrador de hecho del Betis, consiguió que Jaime Rodríguez, cuando era presidente, firmara con la empresa Lucerna Technology SL un contrato de mantenimiento de las instalaciones del club y de dirección y gestión del personal, por lo que se pagaron 27.614,02 euros sin que se prestara ningún servicio, añade la Fiscalía.
Todas estas actividades económicas suponen un delito de apropiación indebida continuado en concurso con un delito de falsedad continuada en documento mercantil, según la acusación del Ministerio Público.
Además de las penas de cárcel, la Fiscalía pide una multa de 6.000 euros para Oliver y León.
Para los acusados Gálvez y Mayayo, la Fiscalía pide dos años de prisión; para Plácido Nicanor Robla, un año y 6 meses de prisión; y para Escreig, un año de cárcel.
La Fiscalía también solicita que Oliver indemnice al Betis con 1.090.754 euros, lo que deberá hacer de forma solidaria con el resto de los acusados.
La Fiscalía afirma que el administrador de hecho del club fue nombrado consejero del Betis el 23 de julio de 2010, lo que se hizo hizo por cooptación, que es la "designación de las vacantes de una corporación mediante el voto de los integrantes de la misma".
Esta decisión se adoptó "al ser en principio propietario de las acciones del club que el señor Manuel Ruiz de Lopera había enajenado a la sociedad Bitton Sport SL", propiedad de Oliver, añade la Fiscalía.
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