El portavoz del Partido Popular, Andrés Núñez, ha anunciado hoy en rueda de prensa las siete alegaciones presentadas a la Ordenanza de regularización del suelo urbano no consolidado, entre las que destacan peticiones como la adopción de medidas para abaratar los costes y ampliar el periodo de pago, así como la implicación de la Junta de Andalucía en la ejecución y la financiación de las actuaciones.
Así, Núñez afirma que “hemos realizado aportaciones que entendemos son necesarias a la hora de plantear garantías y facilidades para que pueda ejecutarse con éxito un proceso que afecta a 22 millones de metros cuadrados, donde hay más de 13.000 viviendas”.
Según manifiesta, “el objetivo es dar pasos cómodos par que los propietarios afectados se puedan apuntar al proceso y que éste llegue a buen fin en los próximos años. Es absurdo decir que va a ser fácil y que se ejecutará en un corto periodo de tiempo, si bien es cierto que contribuirá a la generación de empleo mientras se da servicios y servicios básicos a la mitad de Chiclana”.
La primera de las alegaciones presentas hoy ante el Registro municipal recoge “la imposibilidad de aprobar ni siquiera en trámite inicial la ordenanza si no hay un Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) que lo sustente”.
Tal y como apunta Núñez, “es una cuestión de jerarquía normativa, no pueden aprobarse normas de desarrollo de otra norma superior que no existe”. En este sentido, resalta que “no comulgamos con un informe de la Secretaría General del Ayuntamiento, porque se confundían los efectos de aprobación y publicación. En el caso de Chiclana ni siquiera está aprobado el Plan General, por lo que reiteramos el pronunciamiento del Tribunal Supremo que apoya este punto de vista, porque entendemos que el PGOU tiene que estar aprobado para proceder a elaborar la ordenanza”.
La segunda propuesta realizada “llega tras comprobar con sorpresa que la ordenanza veta la posibilidad de la regularización o de solicitar licencia de obra nueva de manera individualizada. Solo es posible, por un lado, si previamente ha habido una urbanización del ámbito colectivo, es decir, que sólo se permite si se hace a iniciativa de los vecinos que determinen una zona que, con los informes técnicos favorables, se pueda urbanizar. Por otra parte, la segunda opción pasa por la iniciativa del Ayuntamiento, al entender que lar zona es de especial interés”.
Es decir, que el documento “veta la posibilidad de que a título individual un propietario en suelo urbano no consolidado quiera legalizar su vivienda o que un propietario de suelo vacío pueda emprender una actividad de negocio al tener el suelo urbano desarrollado justo al lado”.
Igualmente, el presidente del Partido Popular local recalca que “en Chiclana hay un suelo urbano no consolidado extensísimo, donde se dan situaciones muy dramáticas, con viviendas sobre las que pesan expedientes sancionadores de restauración de la legalidad, es decir, que se exige el derribo de la vivienda, y que, con la necesidad de una urbanización colectiva, no podrán acogerse al proceso en vez de pagar la multa urbanística y tener que tirar el inmueble”.
Sobre este particular, el edil popular ha citado la situación que puede darse en “el extremo último de El Marquesado o del Pago del Humo, donde se está condenando a la multa e incluso al derribo de la vivienda, sin darle una salida, pues la propia ordenanza, en su artículo 6.2, dice que el hecho de que se apruebe no hace que haya borrón y cuenta nueva, sino que a todas las viviendas se les puede abrir proceso de multa urbanística y de derribo”.
La cuarta de las alegaciones responde a que “en varios artículos entendemos que existen contradicciones a la hora de fijar cuándo se puede conceder la licencia de legalización o de obra nueva de la vivienda”. Ante esta circunstancia, desde el PP solicitan “que se aclare tal extremo o se remita al artículo 42, donde se habla que hay que cumplir un proceso de siete años, a pesar de que, como decimos, varios artículos previos van estableciendo momentos diferentes que habría que aclarar”.
Coste superior a 9.500 euros
El concejal popular reseña que “a pesar de que el alcalde, José María Román, y el equipo de Gobierno de PSOE y Ganemos, dicen que por 9.500 euros los propietarios tendrán la legalización tras abonar la urbanización primaria, esto no es así y es algo que puede generar bastante confusión”.
Para aclarar esto, como parte de la sexta alegación presentada, manifiesta que “el artículo 23 dice que si en siete años no está abonada la legalización secundaria, el Ayuntamiento ejecutará el embargo”.
Con la idea de evitar “situaciones desagradables, desde el Partido Popular proponemos que, a través de una modificación de la presente ordenanza y de la de recaudación municipal, se dé la posibilidad de que antes de que se cumpla el plazo de siete años cualquier ciudadano pueda solicitar el aplazamiento o fraccionamiento por un plazo máximo de 10 años, con lo que con los siete anteriores, los propietarios tendrían 17 años, un plazo cómodo y prudente para hacer frente a la cuestión”.
Esta petición se basa en que “hay un matiz importante, y es que si bien la ordenanza de recaudación está para gente que no haya pagado y tenga deudas con la Administración, en el proceso de regularización hablamos de persona que se ven ahora obligadas a hacer frente al proceso, por lo que hay que atender esa nueva necesidad del ciudadano y trabajar por hacerle la cuestión lo más fácil posible o no tendrán capacidad de afrontarla”.
Por último, las dos últimas alegaciones buscan “reducir los costes de regularización”. Así, apunta que “el PGOU se hizo con la idea de reducir los costes al máximo, y de hecho se rebajaron hasta en un 60 por ciento con respecto al plan de 2003, pero es cierto que las cantidades son aún muy importantes”.
En este contexto, Núñez recuerda que “en 2005 se firmó con la Junta de Andalucía un acuerdo para los servicios básicos, por 47 millones de euros, en concreto para llevarlos a cabo en la Randa Verde, Pago del Humo y El Marquesado. Entonces, quedaron en el limbo 32 millones de euros pendientes de ejecutar, porque sólo se acometió en la Rana Verde”.
Asimismo, los populares subrayan que “no hay que olvidar tampoco que el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en abril de 2011, anunció que habría otros 11 millones de euros más para sistema generales en nuestra ciudad. Por tanto, hablamos de 43 millones de euros para sistemas generales a través de fondos europeos, de tal manera que, si se pelea por la vigencia de este convenio con la Junta de Andalucía, ser reducirían los costes de los sistemas generales en un 35 por ciento, con la consiguiente repercusión clara para los ciudadanos”.
Implicación de la Junta
Desde el Partido Popular abordan “una petición que venimos haciendo desde que en 2007 se inició el proceso de regularización con la primera ordenanza”. Dicha propuesta contempla que “la Junta de Andalucía, que se ha beneficiado directamente de la construcción de viviendas irregulares en Chiclana a través del cobro de los impuestos de transmisiones por los ventas de este tipo de inmuebles mientras miraba para otro lado, tiene que invertir ahora en el proceso de regularización”.
No obstante, la sugerencia del PP no dice “que sea a fondo perdido, pero sí al menos a través de la financiación, como puede ser con contribuciones especiales por ejemplo, con la idea de que los ciudadanos puedan pagar a largo plazo cuotas pequeñas fácilmente asumibles”.
Finalmente, Andrés Núñez indica que “las alegaciones presentadas hoy han sido bien acogidas por asociaciones y vecinos de las zonas afectadas, ya que así nos lo han trasladado en diversas reuniones mantenidas en los últimos días, por lo que confiamos en que el Gobierno local tenga a bien recogerlas, porque con ellas no pretendemos engañar a nadie ni prometer lo imposible, sino que buscamos hacer propuestas realistas para que este difícil proceso pueda tener un buen fin”.
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