El PP-A, personado como acusación popular en el caso de los cursos de formación, ha solicitado al Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla que se le haga entrega de "copias completas de todas las grabaciones" de las declaraciones celebradas en la causa tras no haber recibido algunas y haberle sido entregadas otras "incompletas".
Así se recoge en un escrito elevado al Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla al que ha tenido acceso Europa Press en el que el PP-A explica que el pasado día 13, "después de reiteradas solicitudes frustradas y una vez dictado el auto de archivo de las actuaciones", se le fue notificada una providencia de la jueza instructora, María Núñez Bolaños, fechada a día 10 de octubre, en la que acordaba hacerle entrega "de copia de audio de las declaraciones celebradas en las presentes diligencias".
Sin embargo, al recogerlas, el PP-A ha comprobado que "únicamente se nos ha entregado copia de los audios de las declaraciones" del exinterventor general de la Junta Adolfo García, y de los interventores de Córdoba, Almería, Málaga, Huelva, Granada, Cádiz y Jaén --Antonio Escudero, Juan José Castillo Gualda, Juan José Delgado, Miguel A. García Bermúdez (1 y 2), Miguel Gutiérrez Pedrosa, Nieves Chao (1 y 2) y Pedro González Gámez, respectivamente--, así como del director del SAE, Julio Coca, "faltando el resto de declaraciones, entre las que se encuentra la declaración de la interventora provincial de Sevilla y la de los investigados", según apunta el escrito, avanzado este sábado por el diario 'ABC'.
Además, "algunas de las declaraciones entregadas vienen incompletas", según apunta el escrito del PP-A, que precisa que "se cortan los audios de las declaraciones del interventor de Huelva, Miguel A. García Bermúdez, y del interventor de Granada, Miguel Gutiérrez Pedrosa, fundamentales para la tesis mantenida por esta acusación, y la declaración de Julio Coca".
Así las cosas, el PP-A apela al derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y a un proceso "con todas las garantías" para solicitar que se les entregue "copia completa de audio de todas las declaraciones prestadas en las presentes diligencias, con suspensión del plazo para presentar recurso de reforma y/o apelación contra el auto de 11 de octubre de 2016 en el que se acuerda el archivo y sobreseimiento de las actuaciones".
Cabe recordar en ese sentido que la juez María Núñez Bolaños acordó esta semana el archivo la pieza 'política' de los cursos de formación financiados con fondos de la Junta, como es la que afecta a 24 exdirigentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), entre ellos el exconsejero de Empleo Antonio Fernández o los ex delegados del ramo en las ocho provincias andaluzas, al entender que "no se ha constatado la existencia de una red clientelar" y que únicamente se habrían producido "posibles irregularidades administrativas".
Además, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó la pasada semana rechazar una recusación que planteó el PP-A el pasado día 15 de septiembre contra la misma juez en relación con la entrega de las grabaciones de todas las declaraciones celebradas en la causa de los cursos de formación. Fuentes judiciales informaron a Europa Press de que, por medio de dos escritos distintos, la Comisión Permanente del CGPJ trasladó al PP-A que la recusación planteada debe tramitarse por las normas contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
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