Esta semana el concejal delegado de Urbanismo, Antonio Fernández de IU, sostén de nuestro alcalde socialista, ha tenido a bien informarnos de la intensa labor realizada por su área de gobierno para vigilar el mantenimiento de los edificios del centro histórico portuense.
Prueba de ello han sido los más de 100 requerimientos enviados a los propietarios de solares y casas en ruinas para su adecentamiento exterior y establecer medidas para asegurar fachadas y estructuras.
La respuesta, incluso con la amenaza de multas, tampoco es que haya sido un éxito, con sólo un tercio de los avisos atendidos. Y, en ocasiones, las soluciones tampoco es que sean las más apropiadas, por mucho que los informes técnicos las avalen.
Así, no hace mucho el Sr. Fernández vendía como un gran logro que se hubiera quitado de la calle Larga, tras 15 años, el andamio que sujetaba el ruinoso palacio de Winthuyssen, pero otros han venido a sustituirlo, como el que ya luce desde algún tiempo una fachada en la calle Santa Lucía o el recientemente levantado en la calle Zarza junto a la muy visitada Bodega Obregón. Dos por uno se podría decir.
En otros casos, vemos edificios, con el verídico argumento de la seguridad de los viandantes, tapados con redes, que dejan de ser signo de la otrora prosperidad del sector pesquero de El Puerto para convertirse en señales de la decrepitud de su centro histórico.
Los medios con que se cuentan para llevar a cabo una completa y beneficiosa acción de gobierno en esta materia o faltan o no son los más apropiados.
El documento que debería ser el marco legal para ordenar y actuar en el centro histórico, el impronunciable PEPYRICHYE, sigue su interminable proceso de redacción, quizás esperando que cuando finalmente se apruebe no quede ya nada que proteger ni reformar.
La Ordenanza sobre conservación, rehabilitación e inspección técnica de edificios, no pasa de ser un mero trámite administrativo.
Mientras que la Ordenanza reguladora del registro municipal de solares y edificaciones ruinosas no deja de ser un brindis al sol, ya que la corporación municipal no tiene capacidad jurídica ni recursos financieros para llevar hasta sus últimas consecuencias las medidas coercitivas que en ella se incluyen contra la propiedad reticente a cumplir sus obligaciones urbanísticas.
Ante este panorama y como casi siempre ocurre en política, aquel concejal de la oposición que clamaba contra lo que él entendía como una incompetente gestión urbanística y exigía el cumplimiento literal de las normas, procura ahora sustentar nuestro histórico centro urbano ordenando la ejecución de chapuzas.
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