Griñán explicó en la sesión parlamentaria de control al Gobierno que mientras en Madrid se reconoce este derecho a 15.000 personas y en Valencia a 16.000, en Andalucía ya suman 116.000, lo que representa el 32% del total nacional, un hecho que el presidente achaca al esfuerzo realizado por la Junta en la aplicación de esta norma.
Además, apuntó que Andalucía es la comunidad que más prestaciones asistenciales ha concedido al representar el 47% del total, frente al 42 de media nacional, algo que el presidente considera de especial importancia porque el objetivo de esta ley no es la mera concesión de ayudas económicas a los familiares de dependientes.
Griñán, que también indicó que la ayuda a domicilio dispensada en Andalucía representa el 55% del total nacional, destacó el buen desarrollo de esta norma en Andalucía desde su comienzo, aunque reconoció que en ciertos aspectos se debe mejorar.
Así, señaló que en Andalucía existen 48.000 personas que, a pesar de haber sido reconocidas, están pendientes del plan individualizado para asignarles la prestación correspondiente, aunque se trata de una cantidad inferior a las de otras comunidades, como las 51.000 personas que están en esta misma situación en Cataluña.
Para mejorar estos aspectos, Griñán abogó por el diálogo político con la oposición y recordó al coordinador de IULV-CA, Diego Valderas, que uno de los puntos contenidos en las 41 medidas del documento de Gobierno en contra de la crisis hace referencia a mejoras en la aplicación de esta ley.
Así, instó a Valderas a apoyar este punto, que establece, entre otros aspectos, atender a todas las personas que tengan este derecho, reforzar los servicios de proximidad, fijar un plan plurianual de inversiones y otro de formación continúa para los profesionales.
Desencuentro en los modelos de gestión
Sin embargo, el mayor desencuentro entre el Gobierno e IU en este asunto reside en los distintos modelos de gestión de las prestaciones.
Así, Griñán defendió la coexistencia de una red pública y otra concertada para el desarrollo de la Ley de Dependencia y aseguró que el servicio privado no supone ningún "negocio".
Griñán discrepó con el modelo que Valderas entiende que debe aplicarse a la hora de desarrollar esta Ley y que, según él, debe basarse en la creación exclusiva de una red pública para atender a los dependientes.
El presidente andaluz explicó que el derecho que reconoce la Ley de Dependencia es "universal" por lo que la financiación debe ser pública, aunque no la provisión de recursos, que puede ser pública o concertada, ha indicado.
De hecho, más de la mitad de los centros de atención a las personas dependientes en Andalucía son privados-concertados, algo que para IU incumple el Estatuto de Autonomía.
Por su parte, Valderas indicó que Griñán "no puede estirar el chicle del diálogo político para todo" si no se ponen sobre la mesa más recursos y ha dicho que los datos aportados por el presidente no son relevantes porque Andalucía, al tener mayor población, tiene más demanda que cualquier otra comunidad autónoma.
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