Seguimos contemplando todos los días un espectáculo que muestra a España en una situación depauperada. Las recientes detenciones de los representantes de Manos Limpias y Ausbanc han puesto sobre la mesa el debate de la regulación de la acusación popular en nuestro país. Creo que efectivamente debemos replantearnos ese papel. La acusación en un proceso penal tendría que estar constreñida a quienes han sido realmente perjudicados por el delito y a la imparcialidad que debería presidir la actuación del Ministerio Fiscal. Entregar cuanto supone acusar en un procedimiento penal y la capacidad de impulsarlo y en su caso sentar en el banquillo o pedir condenas graves a asociaciones o partidos cuya actuación viene sólo presidida por sus propios intereses, que en muchos casos puede ser la lucha por el poder, los votos, la notoriedad, etc., es desde luego contrario al principio de intervención mínima del proceso penal. Vemos constantemente cómo los partidos actúan como acusaciones en los procesos para atacar al partido contrario, y sin perjuicio de que los abogados hagan estupendamente su papel pues para ello se les encomienda ese trabajo, la realidad es que responden a instrucciones y fines completamente ajenos a lo que debería ser ese procedimiento. Hace tiempo me contaba un compañero que tuvo que hacerse cargo de su propio bolsillo de muchos gastos para poder seguir adelante con la defensa de unos guardias civiles que se encontraban enfrente con acusaciones ejercidas con abogados que no reparaban en utilizar todos los lujos que les pagaban ONGs financiadas con el dinero de todos para acusar con denuedo a quienes lo que habían hecho era defendernos.
Tal esperpento debe cesar, como también ese constante uso de los tribunales por los partidos para dirimir sus diferencias en querellas o denuncias cruzadas por cualquier motivo. Deben dedicarse a lo suyo y ganar los votos por el trabajo o el convencimiento de los votantes, y dejar ese proceso penal para quienes de verdad deben promoverlo. Y junto a ello surge asimismo de nuevo el debate sobre las detenciones mediáticas, con esa actuación por ejemplo con el que ha sido alcalde de Granada que más bien parecía la detención de un terrorista, para acabar entregándole una citación para que declare ante el juez dentro de varias semanas. Y sobre todo con la Fiscalía nada menos que pronunciándose públicamente en contra de esas actuaciones de la Policía. Ya he contado muchas veces como la sentencia del caso Malaya nada menos constata que el fallecimiento de una señora se produjo por la forma en que se había detenido a su marido. O cómo he vivido detenciones que han hecho un daño irreparable a diversas personas que tras muchos años han resultado luego absueltas con todos los pronunciamientos favorables. Quienes nos dedicamos a este mundo no podemos sino clamar porque se persiga al delincuente y se luche con todas las armas contra el delito. Pero con las armas que de verdad corresponden a un Estado de Derecho sin más.
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