La exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía Carmen Martínez Aguayo se ha acogido este miércoles a su derecho constitucional a no declarar ante el juez que investiga la pieza del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y se ha limitado a ratificar la declaración que prestó en abril de 2015 ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dada su entonces condición de aforada.
Al contrario que ocurrió el pasado 16 de marzo con los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, Martínez Aguayo ha entrado en los juzgados del Prado de San Sebastián de la capital hispalense sin recibir insultos de ninguna clase, comenzando sobre las 10,15 horas su declaración como investigada ante el juez Álvaro Martín, que ha concluido sobre las 10,35 horas, transcurridos apenas 20 minutos.
Fuentes del caso han informado de que, en su comparecencia, la exconsejera se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar y ha ratificado la declaración que prestó el día 8 de abril de 2015 ante el TSJA, cuando aseguró que no se leyó los informes de la Intervención General de la Junta que alertaban de las irregularidades porque recibía más de 100 informes al año y que nunca entendieron que hubiera que hacer nada ante los informes de la Intervención.
El abogado de Martínez Aguayo, Víctor Moreno Catena, ha planteado en la comparecencia como cuestión previa que el juez no permitiera que quedara constancia en el acta de su declaración de las preguntas que las partes pretendieran dirigirle, algo a lo que se ha adherido el abogado del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías.
De su lado, la Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a dicha cuestión previa alegando que el derecho de defensa no engloba que no se pueda dejar constancia de las preguntas, argumentando que podría haber hechos nuevos o preguntas nuevas que formular que en su momento no se hicieron.
No obstante, el juez sí ha permitido que se deja constancia de las preguntas, tras lo que el Ministerio Público ha formulado hasta tres preguntas, la primera de ellas sobre si tuvo conocimiento de los informes de seguimiento de Control Financiero Permanente de la Intervención General que se remitían a la Consejería de Economía y Hacienda.
En segundo lugar, los fiscales han preguntado si tuvo conocimiento de los informes ejecutivos de la Intervención General que se mandaban a los miembros del Consejo Rector de Idea, que a su vez pertenecían a la Consejería del ramo.
Por último, le han cuestionado sobre si tuvo conocimiento, por su asistencia a los 'consejillos', de que en estas reuniones no se trataron las ayudas a Pickman y A Novo Comlink.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
