El presidente de la comisión parlamentaria que investiga el fraude de los cursos de formación, Julio Díaz, ha reconocido esta mañana que llegó a sopesar pedir amparo al de la Cámara, Juan Pablo Durán, ante el persistente retraso en la entrega por parte de la Junta de Andalucía de los expedientes vinculados al caso en poder de la Consejería de Empleo e imprescindibles para que los diputados de los distintos grupos formulen sus preguntas a quienes están siendo citados.
Diaz ha desvelado que le comunicó al presidente del Parlamento que estaba dispuesto a hacer uso de esa potestad porque era ya "el último recurso" que le quedaba para que el Ejecutivo atendiese los numerosos requerimientos expresados por escrito. Lo hizo de forma oral y en una conversación informal vía telefónica, pero tenía incluso redactado el escrito para presentarlo. La protesta, manifestada de forma reiterada por los grupos de la oposicion, se avivó la pasada semana y llegó a su culmen ayer martes cuando PP y Podemos protagonizaron un plante y se negaron a preguntar a uno de los comparecientes alegando que la documentación vinculada a su caso, solicitada según el PP "hace cinco meses", aún no le había sido facilitada.
Finalmente no ha sido necesario porque el máximmo responsable de la comisión, diputado de Ciudadanos, ha aceptado el viraje de la Junta, que ayer facilitó una nueva fórmula de "colaboración". Tras el Consejo de Gobierno, el portavoz, Miguel Ángel Vázquez, anunció que se accede a facilitar las más de 41.000 carpetas en bloque con más de 27 millones de folios, que serán ahora trasladadas al Parlamento para que, siempre bajo custodia de funcionarios públicos, puedan ser consultadas sin restricciones por los miembros de la comisión. Esa disposición le ha sido ratificada esta misma mañana a la comisión mediante un escrito remitido por la Consejería de Empleo. Vázquez aseguró ayer que esa posibilidad ya se dio en su día a la comisión pero que "la oposición se negó". Díaz, sin embargo, ha matizado hoy que lo que ofrecía la Junta era que los expedientes fueran llegando a la Cámara "con cuentagotas", según las peticiones, mientras que ahora entrarán en el Parlamento en su totalidad "en varios trailers" al tratarse de "millones de folios".
El presidente de la comisión se reunirá ahora con los letrados de la Cámara, con el presidente del Parlamento y con representantes del Ejecutivo para determinar el protocolo de consulta de los expedientes. No hay fecha aún para la llegada de los documentos, pero Díaz confía en que sea "a la mayor brevedad" y dando siempre prioridad a las comparecencias más inmediatas. Pese a celebrar "la nueva vía de colaboración" de la Junta, Díaz censuró que ésta "no haya estado a la altura" desde la constitución de la comisión y agradeció que ahora ya no sea necesario que la comisión se vea obligada a "lanzar pulsos al Gobierno de forma constante". En su crítica, desveló su "estupor" ante una última comunicación de la Junta en la que se justificaban los retrasos en la remisión de los expedientes alegando, entre otras cuestiones, "conflictos" y colisiones entre el poder Ejecutivo y el Legislativo.
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