El escrito del Ministerio Público, al que tuvo acceso Europa Press y remitido al ponente de la causa especial, el magistrado cordobés Juan Ramón Berdugo, para que se pronuncie cree que la actuación de Gonzálvez contraviene la Ley de Contratos de Administraciones Públicas en varios puntos de su articulado al tiempo que considera que en la adjudicación de obra y en la orden de pago se "prescindió totalmente" del proceso que fija la normativa.
Atribuye, en esta línea, al senador popular y primer edil gadorense "conocimiento de la ilegalidad en su comisión" ya que, según subraya, al margen del informe que advertía de los "graves defectos administrativos" en la actuación que se remonta al año 2000 y se prolonga hasta julio de 2007 "omitió los más elementales requisitos procedimentales" con respecto a tres mercantiles, por lo que habría incurrido en un delito de prevaricación tipificado en el artículo 404 del Código Penal.
La querella, presentada en octubre de 2008 por el portavoz municipal y secretario de la Agrupación local del PSOE en Gádor, Juan Antonio Almansa, aporta documentación de la que deduce el Ministerio Público que se "inobservaron las más elementales normas de procedimiento" en la construcción de un nave que se ejecutó entre 2001 y 2005 en diversas fases para un uso como almacén hortofrutícola y telar.
En marzo de 2007, según se detalla en escrito de la Fiscalía, se realizó por parte de un ingeniero industrial un proyecto de finalización de obras con un presupuesto global que ascendió a 144.837,87 euros. Tres meses después, Gonzálvez dictó un decreto por el que ordenaba el pago de las actuaciones a Montajes Metálicos Almería SL --42.233,28 euros--, Lama Estructuras Metálicas SL --44.674,89 euros--- y Acerama SC, a la que dispuso el abono de 57.929,69 euros.
El informe del secretario, fechado el 29 de junio de 2007, formula "reparo" ante el citado decreto, pese a lo cual --ahonda-- "el querellado emitió un nuevo decreto en el que resolvía la discrepancia surgida entre el órgano interventor y el ordenador de pagos en sentido favorable a éste último" de tal forma que fue llevado al pleno de la corporación local en pleno de sesión extraordinaria.
Almansa, quien compareció en rueda de prensa, recordó que este acto administrativo está inmerso en un proceso contencioso-administrativo ante el juzgado número 2 en un intento de que se "restituyese la legalidad" al tiempo que justificó la adopción de la vía penal contra el primer edil y senador "en su negativa constante a aclarar los hechos" y que, según matizó, no persigue "la no finalización de las naves industriales".
En la misma línea en la que se expresó el secretario de Relaciones Institucionales y Política Municipal del PSOE, Juan Antonio Segura Vizcaíno, quien aseguró que su partido no pretende "judicializar" la política, Almansa advirtió de que existen pruebas que indican que "no se trata de una simple irregularidad administrativa" ya que las tres mercantiles pertenecerían a una única sociedad.
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