El inspector jefe del Grupo de Delincuencia Económica (DECO) de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Cádiz ha comparecido este jueves como testigo ante el juzgado que instruye el 'caso del Alumbrado', habiendo servido su declaración para ratificar la información recogida en las diligencias policiales sobre el caso.
Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el testigo ha confirmado con su declaración los extremos recogidos en las diligencias policiales del caso, que investiga las presuntas irregularidades cometidas en el concurso de contratación del alumbrado público del año 2008 en la capital gaditana.
Cabe recordar que la Policía Nacional informaba el pasado día 12 de que había finalizado una investigación por este caso con la imputación de seis personas por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública y falsedad documental.
Los imputados son dos funcionarios públicos del Ayuntamiento de Cádiz, tres responsables de sociedades mercantiles y el propio denunciante de los hechos, que es extrabajador de una empresa de alumbrado.
Los hechos investigados están relacionados con la supuesta alteración de los baremos de asignación de las puntuaciones del concurso de contratación del alumbrado público de la capital gaditana del año 2008.
Esto se habría hecho, según informaba la Policía, "en perjuicio de la empresa con la mejor oferta, y beneficiando a la empresa con a que habían estado desarrollando el servicio tras ganar sucesivamente los concursos de adjudicación del servicio de alumbrado publico".
El Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz encomendó en julio de 2011 la investigación a la Policía Nacional, cuyos primeros informes preliminares determinaron indicios delictivos en las actuaciones de los investigados. En octubre del año 2014 el juzgado ordenó la continuidad de la investigación, haciéndose cargo de la misma el Grupo de Delincuencia Económica de la Comisaría Provincial de Cádiz.
Así, se realizaron gestiones tendentes a determinar si se alteraron de manera intencional los baremos de asignación de las puntuaciones otorgadas en el concurso, con el consiguiente perjuicio para la empresa que debiera haber sido legalmente la adjudicataria y para el propio Consistorio, al haberse contratado servicios por "unos precios superiores a los que resultarían de aplicar la regla original", así como si se hubiesen cometido otros ilícitos penales conexos con los hechos denunciados.
La investigación revelaba, además, que se produjeron conciertos de intereses entre las personas vinculadas a la contratación de los servicios y el por aquel entonces director del Departamento de Tráfico y Alumbrado Público y Protección Civil del Ayuntamiento de Cádiz, donde se negociaban las ofertas económicas que debían presentar las empresas en los contratos públicos gestionadas por el citado departamento.
De esta forma, según detallaba la Policía, se conseguía que finalmente resultase adjudicataria la empresa pactada por la realización de las obras y o servicios con la licitación económica previamente acordada.
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