La juez María Núñez Bolaños ha citado de nuevo a declarar como imputado este próximo martes al exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández dentro de la investigación por el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, y en concreto en relación a la huelga de la limpieza pública de Granada del año 2004.
En un auto dictado el 21 de diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada cita a declarar este próximo martes, a partir de las 12,30 horas, al exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, atendiendo de este modo la petición realizada a tal efecto por la Fiscalía Anticorrupción.
El Ministerio Público pidió a la juez que lo citara nuevamente a declarar "al objeto de avanzar en la comprobación de los hechos y determinación de la participación en los mismos", algo a lo que la magistrada accede "por su presunto conocimiento en los hechos imputados".
Asimismo, la juez ha citado como imputado este martes al exdelegado de Empleo en Granada Luis Manuel Rubiales, ya que, ocupando dicho cargo, "participó" en las negociaciones que pusieron fin al conflicto laboral en los años 2005 y 2006, "así como en la forma en la que se materializaron los pagos" por la Dirección General de Trabajo.
TESTIGOS E IMPUTADOS
Además, la instructora ha citado como imputado a Javier Llansó Benito, vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Empresas de Limpieza Pública (Aselip) desde el 25 de enero de 2006 conforme a la certificación emitida por la secretaria de la asociación, figurando como asistente a tres reuniones por la mercantil Cespa, sociedad que "de forma presuntamente delictiva recibió como beneficiaria de pólizas de seguros fondos de la Junta en compensación de pagos de subidas salariales de sus trabajadores" en la provincia granadina.
La juez también ha citado el día 21 de enero a dos testigos, según el auto consultado por Europa Press.
De igual modo, ha aceptado la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción y ha librado oficio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que, dentro de la investigación que se le tiene encomendada, "amplíe su contenido a la búsqueda de publicaciones, noticias y cualquier otro hecho publicado en medios de comunicación que permitan determinar qué personas y entidades participaron o tuvieron conocimiento de la resolución de los conflictos sociolaborales mediante el pago de cantidades por la Junta mediante los programas 22E y 31L".
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