La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, que, "a la mayor brevedad y atendiendo preferentemente a la antigüedad de las fechas de sus comparecencias", resuelva su petición e imponga fianzas de responsabilidad civil a un total de 83 imputados que tienen pendiente dicha medida cautelar tras comparecer ante su antecesora, Mercedes Alaya.
En un escrito fechado el 23 de septiembre y al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público solicita a la instructora que resuelva sobre las fianzas civiles solicitadas para 83 imputados, entre ellos el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla, para quien la Fiscalía pidió el 23 de julio de 2014 una fianza civil de 296.000 euros por su papel en relación a las ayudas recibidas por la multinacional del tabaco Altadis.
Los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra solicita lo anterior "teniendo presente las dimensiones y la complejidad de la presente causa y el alto número de personas imputadas, pero teniendo también presente la necesidad de garantizar en la medida de lo posible la recuperación y/o aseguramiento de los fondos públicos indebidamente dispuestos por los imputados".
Al hilo, recuerda que ya hizo peticiones similares en sendos escritos presentados el 4 de febrero de 2014 y el 5 de noviembre de ese mismo año y solicita a la juez que, "a la mayor brevedad y atendiendo preferentemente a la antigüedad de las fechas de sus comparecencias celebradas tras la declaración en sede judicial", se resuelva "de manera expresa sobre la adopción o no de las cautelas y fianzas interesadas por esta acusación pública a los distintos imputados, con la finalidad de que las mismas, por su tardía imposición, acaso no pierdan su eficacia y virtualidad".
El Ministerio Público recuerda, a continuación, los 83 imputados "respecto de las cuales, tras la celebración de comparecencia", solicitó que se adoptaran medidas cautelares de naturaleza real, "no constando resolución judicial al respecto".
DOS EXALCALDES Y UNA RELIGIOSA
Entre los 83 imputados, y además de Francisco Fernández Sevilla, se encuentra también el empresario Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista de la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra y hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, para quien la Fiscalía pidió en junio del pasado año una fianza civil de 11.182.767 euros.
Asimismo, destaca el caso del exalcalde socialista de Guadalcanal (Sevilla) Carmelo Montero Cabezas, para quien la Fiscalía pidió el pasado mes de mayo una fianza civil de 1.333.000 euros en relación a las ayudas concedidas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla, o del ex primer edil de El Real de la Jara entre 1985 y 2007 José Antonio Méndez Sánchez, para quien pidió una fianza civil de 66.666 euros.
Entre los imputados a quienes no se ha impuesto aún fianza civil destacan también Carmen Muñoz Rivas, una religiosa del convento de las Jerónimas de Constantina (Sevilla) para quien solicitó una fianza civil de 58.666 euros, o Ramón Polo, exconcejal del PP en La Carolina (Jaén) que se enfrenta a una posible fianza civil de 26.000 euros.
"CARGA DE TRABAJO"
En el mismo escrito, Anticorrupción solicita a la juez que fije fecha para la comparecencia de medidas cautelares de naturaleza real del exfutbolista del Osasuna y del Atlético de Madrid José Antonio Gómez Romón, "como perceptor de las rentas y capitales derivados de las pólizas suscritas que se investigan en la pieza de pagos a la empresa Cenforpre", así como del exdirectivo de Mercasevilla Daniel Ponce, del presunto 'testaferro' Eduardo Leal del Real y de Gregorio Martínez Piñero.
Tras la petición de la Fiscalía, la juez ha dictado una providencia, fechada el 28 de septiembre y consultada por Europa Press, en la que asevera que, "dada la carga de trabajo de este Juzgado", dichas medidas cautelares de naturaleza real "se dictarán cuando proceda".
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