El colectivo justificó la medida en su consideración de que el fiscal de la Audiencia Provincial que ha decretado el archivo de la investigación "falta a la verdad" al afirmar que no existen indicios de responsabilidad penal por parte de las administraciones.
"En ningún caso se puede llamar corrección a una modificación ilegal de planos realizada por vía de hecho y sin aprobación pública", dijo el grupo en una nota en la que rechaza la legalidad de la alteración de tres mapas del PORN de Cabo de Gata-Níjar de 1994 por parte de la Consejería de Medio Ambiente, entre ellos el que incluyó el Algarrobico en las áreas urbanizables.
Reprochó además al ministerio público que los argumentos empleados para cerrar esta investigación reproduzcan los que se esgrimieron en junio de 2007, cuando se archivaron entonces por segunda vez las diligencias incoadas por estos hechos.
Para apoyar su tesis de que la administración andaluza cometió delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio con la modificación de estos planos, que se efectuó en el primer semestre de 1997, Salvemos Mojácar apeló a la reciente decisión del alto tribunal andaluz de suspender cautelarmente el nuevo PORN para el Algarrobico, los núcleos habitados preexistentes y las áreas urbanizables.
Esta decisión, que se fundamentó en la posibilidad de que esta nueva ordenación sirviera para autorizar edificaciones en suelos que, en principio, no deberían albergarlas, "multiplica exponencialmente las responsabilidades por prevaricación que presuntamente ha cometido la Junta en este caso", dijo el grupo.
Este reafirmó su intención de continuar con esta cuestión "hasta las últimas consecuencias" para que la Justicia "siente en el banquillo a los responsables de tal barbaridad" ya que éstos se han demostrado a juicio de Salvemos Mojácar "incapaces de asumir responsabilidades" políticas.
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