El Tribunal de Cuentas celebrará el próximo mes de septiembre audiencia previa por el caso 'Cheques' después de que la Junta de Andalucía formulase demanda contra el exdelegado provincial de Medio Ambiente Clemente García y el funcionario del departamento Miguel G.L en el marco del procedimiento de reintegro por alcance incoado por pago "injustificado" de cheques girados contra una cuenta corriente de la citada delegación en Almería.
La Junta de Andalucía reclama a García 40.000 euros más intereses que corresponden a la factura por la que está imputado en la vía penal y a Miguel G.L. una cuantía que ronda los 220.000 euros.
Fue precisamente la administración autonómica la que puso en conocimiento de este órgano, a través de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, "irregularidades" que se habían detectado en una cuenta bancaria "sin fiscalizar" hasta 2013 y en la que se ingresaba el canon forestal.
Fuentes del caso han confirmado a Europa Press que la audiencia previa se ha fijado para el día 17 de septiembre después de que haya concluido el trámite de contestación a la demanda. El funcionario ha sido declarado en rebeldía ya que no ha contestado, trámite al que sí ha dado cumplimiento el exdelegado provincial hasta julio de 2010.
Este procedimiento transcurre paralelo a la vía penal que se sigue ante el Juzgado de Instrucción 1 de Almería por presunta malversación de caudales públicos entre los años 2009 y 2012, y que aún no ha entrado en fase intermedia ya que la jueza ha oficiado para investigar el patrimonio del funcionario.
En el trámite de contestación de demanda, la defensa de Clemente García ha aportado documentación para rebatir la tesis de la Junta, que argumenta que contrató "a una empresa de publicidad diversos trabajos por importe de 40.000 euros, que no se hicieron". Remarcan, así, en su escrito que "el trabajo se hizo" y "aportan copia de los mismos", según las mismas fuentes.
Por otro lado, la Audiencia Provincial de Almería ha desestimado el recurso de apelación que presentó la defensa de Miguel G. contra una providencia de la jueza instructora, Alejandra Dodero, en la que le denegaba la práctica de diligencias. Al mismo se opuso el Ministerio Fiscal.
El imputado interesó que se alzase el sobreseimiento provisional acordado en abril de 2014 para el ex secretario y el jefe de servicio de la Delegación Provincial y que se realizasen cuerpos de escritura a ambos "para verificar si las firmas, las letras y números que aparecen en los documentos que aportaba a la causa, así como la última remesa de cheques correspondía a alguno de ellos".
La jueza lo denegó recordándole que no había recurrido el auto de sobreseimiento y asegurando que la documentación que aportaba para la verificación "eran copias fácilmente manipulables" sobre "las que ningún cotejo pericial podía realizarse con garantías".
En su resolución, de 15 de junio y consultado por Europa Press, la Audiencia Provincial señala que "coincide" con la instructora en que las diligencia solicitadas son improcedentes ya que es "de sobra conocido" que sobre "meras fotocopias no puede practicarse pericial de letras o firmas, dada la ausencia de signos como el surco o la presión de escritura, que suelen ser esenciales para un perito".
Por último, apunta que al proponer que se alce el sobreseimiento provisional para dos de los eximputados, carece de legitimación, "por lo que la imputación que habría de preceder a la elaboración de los cuerpos de escritura no se sostiene".
"BURLAR" EL CONTROL DE LA AGENCIA TRIBUTARIA
Según lo que ha trascendido de la instrucción, de la cuenta investigada, sin fiscalizar y en la que se ingresaba el canon forestal que se cobra a cazadores, madereros y particulares, se retiraron "paulatinamente" cheques por diversas cuantías. Un 85 por ciento de esta tasa revertía en los ayuntamientos mientras que el 15 por ciento iba a parar a las arcas de la administración autonómica.
La mayor parte de las disposiciones se habrían efectuado por cantidades inferiores a 3.000 euros para "burlar el control de la Agencia Tributaria" y muchas de extracciones habrían tenido lugar "el mismo día" y "a intervalos de escasos minutos" sin que, al parecer, en los cheques depositados "se hiciera constar en el reverso la identidad o el DNI del individuo que disponía de dicha suma económica".
La instrucción apuntaría fundamentalmente al funcionario M.G.L. ya que las disposiciones objeto de la causa penal también se prolongaron en el tiempo con diferentes personas al frente de la Delegación Provincial de Medio Ambiente.
La denuncia que interpuso la Junta de Andalucía, y a raíz de la que se incoaron diligencias previas por indicios de malversación de caudales públicos, recogía que con Clemente García se produjeron movimientos por valor de 180.000 euros.
Mientras, con su sucesora en el cargo, para quien la jueza dictó el sobreseimiento de las actuaciones en abril de 2014 al no apreciar responsabilidad en ella, los movimientos alcanzaron unos 100.000 euros mientras que con el actual responsable del departamento y promotor de la denuncia como perjudicado, José Manuel Ortiz Bono, la cuantía habría alcanzado los 40.000 euros.
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