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Cádiz

La Audiencia declara inocente al representante de los comerciantes Salvador Muñoz

El presidente de UCC y su secretario, José Ramón Carro, fueron acusados de estafa tras organizar la II Fiesta de los Cañonazos en Puntales y no responder la asociación, supuestamente, de un pago ante una empresa de montajes eléctricos

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  • Salvador Muñoz -

La sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz número 188/2015 y comunicada ayer a las partes declara inocentes del delito de estafa que se les imputaba al presidente y al secretario de la Unión de Comerciantes de Cádiz (UCC), que en agosto de 2011 supuestamente encargaron a una empresa la instalación eléctrica de una fiesta en la capital gaditana a sabiendas de que carecían de recursos para abonar los trabajos.

El fiscal en su calificación señalaba en su momento que el presidente de la UCC Salvador Muñoz y el secretario, José Ramón Carro, “decidieron organizar del 24 al 28 de agosto de ese año un evento en la barriada de Puntales denominado II Fiesta de los Cañonazos, y con ánimo de ilícito beneficio y aparentando falsamente que la UCC tenía una solvencia económica de la que carecía”, contactaron con la empresa Prelec para que se encargara del montaje de la instalación eléctrica del evento.

Así pues, el responsable de dicha empresa, creyendo que sus servicios iban a ser abonados, confeccionó un presupuesto de 6.204 euros que fue aceptado por los acusados, procediendo así a prestar el servicio contratado por el que supuestamente recibió un pagaré, el cual declaró que no pudo ser hacerse efectivo porque la cuenta carecía de fondos para atenderlo.

El representante de la asociación de comerciantes señalaba ante el juzgado entonces y mantiene ahora que la Audiencia le da la razón, que es cierto que la instalación eléctrica resultó defectuosa en uno de sus generadores, pero no por ello decidió no pagar lo acordado con la empresa Prelec.
Lo que sí hace constar Muñoz es que el lucro cesante debido al  retraso del inicio de la   II Fiesta de los Cañonazos hizo que a la hora de presentar el pagaré al cobro, no fuese posible.

Salvador Muñoz, a pesar de que el Ministerio Fiscal consideraba que los hechos eran constitutivos de un delito de estafa y por los que solicitaba para él y el secretario de su asociación una pena de un año de prisión, se muestra satisfecho con el contenido de la sentencia y desea que su honor quede ahora tan limpio como mancillado entonces “quisieron ver otras personas”, pues ve detrás de tanta publicación de esta causa una “persecución personalísima” hacia su persona de algo que se ha demostrado incierto, “mientras hay un presidente de otra asociación de comerciantes de Cádiz condenado por violencia de género con una sentencia firme que cumple la pena de servicios a la comunidad en el Ayuntamiento de Cádiz, y de él nadie ha dicho ni publicado nada”.

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