El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció hoy que su Gobierno impulsará reformas estructurales para afrontar la crisis en la justicia por denuncias de corrupción, y aseguró que en el país "no hay intocables".
En una alocución radiotelevisada, Santos se refirió tácitamente al escándalo de corrupción que ha puesto en entredicho la credibilidad de la Corte Constitucional a raíz de una denuncia contra el magistrado Jorge Pretelt, acusado de pedir 500 millones de pesos (unos 182.000 euros) a un abogado para influir en un fallo de ese tribunal.
Pretelt, que renunció a la presidencia de la Corte Constitucional a comienzos de mes pero no como magistrado, acusó a otros miembros del alto tribunal y al fiscal general, Eduardo Montealegre, de haber incurrido también en conductas irregulares como el tráfico de influencias.
"Como jefe de Estado, le pido a la Fiscalía General de la Nación y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara que obren con sentido de responsabilidad y que adelanten y aceleren las investigaciones sin limitaciones ni cálculos políticos", dijo Santos.
El mandatario pidió a esos organismos "que lleguen hasta las últimas consecuencias, investigando a todos aquellos sobre quienes recaiga cualquier sospecha o denuncia de una actuación ilegal o irregular".
"¡Aquí no hay intocables! No podemos tolerar y no vamos a tolerar el más mínimo indicio de corrupción entre quienes detentan las mayores jerarquías de la Justicia o cualquier otra rama del poder", sentenció.
Tras tildar de "traidores a la patria" a los altos cargos del Estado involucrados en supuestos casos de corrupción, Santos rechazó propuestas como la de "revocar a todos los magistrados" porque, dijo, no se puede "llegar al extremo de satanizar nuestras instituciones judiciales, ni de comprometer la existencia" de la Corte Constitucional.
"No podemos ni vamos a dar un salto al vacío", afirmó el mandatario, quien propuso unas reformas estructurales que ha tratado con distintos órganos del poder y de la sociedad para "blindar la integridad" de la justicia y corregir los fallos "que han salido a flote".
Con ello busca, según dijo, "romper, de una vez por todas, el cordón umbilical entre la política y la justicia, que tanto daño ha hecho" y que consideró la "mayor falencia" del sistema.
Entre esas reformas impulsadas por la vía constitucional está que los magistrados no intervengan como hasta ahora en la designación de altos funcionarios del Estado, como el contralor y el procurador general o el registrador nacional del estado civil, que se ocupa de organizar las elecciones.
"En adelante, la meritocracia debe ser el procedimiento para seleccionar a los magistrados, y que sean las propias cortes quienes los designen, sin consideraciones políticas ni partidistas", anunció.
Igualmente propuso reemplazar por ineficaz la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, encargada de investigar a los funcionarios con fuero especial, como el presidente de la República, ministros y magistrados, por un Tribunal de Aforados "con más facultades, con más dientes para hacer su tarea".
También defendió la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, que administra la rama judicial, y consideró "urgente" acabar con la "puerta giratoria" que permite a un magistrado pasar de una corte a otra.
La propuesta incluye aumentar a 20 años el requisito de experiencia profesional para ser elegido magistrado y la posibilidad de que las propias cortes puedan suspender a sus miembros "cuando se encuentren en una situación patente de indignidad".
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