La operación Edu Costa, desarrollada por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional (UDEF) a lo largo de esta semana, y centrada en el presunto fraude en la concesión de subvenciones a empresas para cursos de formación, ha terminado por salpicar a las filas del Grupo Municipal Socialista de Arcos, ya que entre los empresarios imputados se encuentra el concejal Julio Delgado, en calidad de gerente de Delta Asesores.
Delgado acudió en la mañana de ayer a la Comisaría provincial de Cádiz a prestar declaración, tal y como han hecho a su vez los alumnos y monitores de los cursos que su empresa llevó a cabo hace unos años y que están siendo investigados en el marco de la denominada operación Edu. No obstante, los cursos de formación le fueron concedidos cuando en 2010 cuando no era concejal del grupo, ni siquiera militante socialista.
Las pesquisas policiales dirigidas desde el Ministerio del Interior están centradas en más de medio centenar de empresas de las provincias de Cádiz, Málaga y Almería, y entre los imputados hay a su vez otros cargos públicos del PSOE, caso de la ex alcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, y de un concejal de Roquetas de Mar, Juan Fernando Ortega -propietario de una empresa de cursos de formación-, que ha renunciado a su acta de concejal y a la militancia. También se encuentra imputado un concejal malagueño del PP que también ha presentado su dimisión.
En la provincia de Cádiz la Policía ha interrogado a numerosos testigos, muchos de ellos alumnos y profesores, y está investigando a empresas como Codenet, que obtuvo ayudas para unos cursos que impartió en 2010 y que ha negado “categóricamente” haber cometido “irregularidad alguna”.
La Operación Edu contra el fraude en los cursos de formación que fue activada este martes, comenzó en abril de 2014 con una investigación iniciada por la UDEF tras una denuncia de la Seguridad Social, en la que se han visto implicados decenas de empresarios y políticos que, según los investigadores, habrían defraudado unos 2.000 millones de euros.
La investigación se centra en la concesión de subvenciones del Gobierno andaluz, sobre todo en la convocatoria de cursos de Formación Profesional Ocupacional (FPO) de diciembre de 2010, un caso que se conoció durante la precampaña de las pasadas elecciones europeas, y que afectaría a un gran número de empresarios. Las empresas investigadas, según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF), habrían cometido falsedad en la documentación presentada junto a las solicitudes para acceder a las ayudas con el fin de simular la experiencia en formación que se exigía en la convocatoria. La investigación policial aprecia también casos de facturas falsas con las que empresas justificaban gastos no realizados, falsificaciones en los partes de asistencia de los alumnos y suplantación de personalidad de algunos de los monitores que debían impartir la enseñanza para “inflar ilícitamente el gasto justificado en docencia”.
Igualmente se descubrieron incumplimientos sistemáticos tanto en los contratos como en las obligaciones posteriores de las empresas, ya que la mayoría no presentó la documentación requerida “para la liquidación y justificación”.
Por su parte, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha desvinculado a la Administración autonómica de esta nueva fase de la investigación, y subraya que “se centra en empresarios y no en la Junta”, cuya colaboración con la Justicia ha reiterado.
No obstante, y al mismo tiempo en que se desarrollaba la Operación Edu en la provincia de Cádiz, ha trascendido el contenido de la auditoría realizada por la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre la gestión de las subvenciones concedidas en materia de formación profesional para el empleo durante los ejercicios 2009 a 2012 en la provincia de Cádiz, el cual no deja lugar a la duda y es categórico en su dictamen: el órgano gestor de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Cádiz “no ha cumplido con la legislación que le es aplicable”.
Lo determina a la luz de las pruebas documentales recopiladas y tras las que recomienda “estudiar la procedencia de iniciar expedientes sancionadores por los incumplimientos detectados”, así como “analizar las actuaciones derivadas de los informes de Auditoría, y en su caso proponer las actuaciones oportunas, ya que en todos los expedientes cuya justificación se ha analizado, las conclusiones mencionadas en el Informe preceptivo del auditor, son modificadas por el órgano gestor” de la Dirección Provincial del SAE.
La auditoría, que es demoledora en su conjunto, ha sido realizada en respuesta a las “numerosas e importantes irregularidades” detectadas “en los expedientes controlados que afectan fundamentalmente a la gestión realizada por los servicios de formación en la tramitación de las subvenciones de Formación para el Empleo”.
En este sentido, el número de expedientes existentes durante el periodo analizado ascendía a 321, por lo que se ha aplicado un porcentaje muestral que ha centrado el estudio en un total de 55 expedientes de cuyas sumas resulta un total de 8,4 millones de euros en concepto de subvenciones, el 32% del total concedido entre los años 2009 y 2012, que superó los 26 millones de euros.
La Intervención General expone que “en todos los expedientes analizados se ha concedido la ayuda a beneficiarios no inscritos en el Registro Andaluz de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo, salvando el incumplimiento con la resolución del reconocimiento de ellos como Centro Colaborador, cuyo fundamento jurídico ya estaba derogado”. “Se ha constatado una demora en la finalización de los expedientes”, por lo que “se puede concluir que no se ha cumplido el objetivo del programa”, apunta el informe, quien resalta a su vez que se han producido “incumplimientos significativos, especialmente cuando se trata de la concesión de ampliación del plazo de ejecución solicitado por los beneficiarios” sin justificación documental.
Con respecto a la justificación de los fondos recibidos, el informe resalta que de los 55 expedientes analizados, sólo doce acompaña “alguna documentación justificativa. En algunos casos es incompleta, en otros una fotocopia simple de facturas o en un CD sin que la misma pueda revertir el carácter de documento auténtico”.
Tampoco queda constancia en los expedientes cuál ha sido el criterio de selección de los alumnos, ni existe documentación de las fichas de los mismos, con documentación del profesorado, horas a impartir, material a emplear...
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