El secretario general de CCOO Huelva, Emilio Fernández, ha exigido este viernes que las administraciones actúen con "contundencia" para evitar que Endesa "se burle de toda Huelva".
En un comunicado, el sindicato ha reivindicado a las administraciones, tanto autonómica como central, "la mayor contundencia para evitar que los planes de cierre de la planta de ciclo combinado que Endesa tiene en Huelva finalmente se lleven a cabo, y en todo caso, si se materializa el cierre deberían exigirle daños y perjuicios que repercutan en beneficio de la ciudad".
En este sentido, Fernández ha recordado que "hace poco más de una década, Endesa buscando su propio benefició retorció el PGOU de Huelva para la construcción de esta planta, litigando contra el Ayuntamiento de Huelva y dividiendo en dos mitades a la ciudadanía onubense".
A su juicio, "con su actitud esta empresa privada consiguió reordenar el territorio de la ciudad subordinándolo a sus intereses económicos, y ahora otra vez persiguiendo su propio beneficio, anuncia el cierre de la central de ciclo combinado, dejando en la calle a decenas de trabajadores y trabajadoras y unas instalaciones de las que la ciudad es presa para su futuro".
Por todo ello, el secretario general de CCOO Huelva ha criticado que "una vez más las multinacionales hacen los que les da la gana frente a la impotencia de la ciudadanía y la desgana y la falta de acción de las Administraciones", a quienes ha exigido de forma contundente que "no miren para otro lado y asuman la responsabilidad que tienen con la provincia de Huelva evitando que este tipo de empresas humille una vez más a la provincia supeditando el cumplimiento de las leyes y el futuro desarrollo de la ciudad a sus propios intereses económicos que en nada nos benefician".
Del mismo modo, Fernández ha hecho hincapié en la importancia de exigir a la Junta de Andalucía "una acción política decidida frente al desplome en el tejido industrial que está sufriendo la provincia" y ante el cual tanto la administración autonómica como la central "están mostrando una enorme pasividad, más flagrante si cabe en el caso de la Junta de Andalucía que tiene buena parte de las competencias", aunque el sindicalista ha recordado que "en este caso la última palabra la tiene el Gobierno Central".
Para el sindicalista, "este tipo de empresas industriales siempre están exigiendo seguridad jurídica, cuando, finalmente son ellas las que generan inseguridad con sus decisiones, que afectan tanto a la sociedad como a los territorios en los que se implantan, dejándolos huérfanos de los supuestos beneficios que su instalación pudiera traer".
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