Que el alcalde de San Fernando remita una carta a la jueza Mercedes Alaya poniéndola en antecedentes de lo que ha podido ocurrir en el consorcio del Centro de Técnicas Industriales (CTI) del que la Junta se fue por la puerta de atrás y sin ajustar las cuentas puede ser sólo un artificio político fruto del cabreo institucional por los requerimientos que atosigan al Ayutamiento de San Fernando sin comerlo ni beberlo.
Pero que la situación del consorcio es merecedora de algo más que de una comisión interna como anuncia la Junta de Andalucía y debe externalizarse su fiscalización, como es razonable, está claro que sería la medida más acorde con la transparencia que se demanda de boca para afuera y se oculta con resortes las más de las veces arbitrarios.
Un consorcio del que pone pies en polvorosa el socio mayoritario, sin ofrecer las cuentas y sin ánimo de ofrecerlas. Un consorcio en el que se han dado cita todos los protagonistas del escándalo de los cursos de formación que precisamente hizo que se eliminara el sistema de consorcios y se cambiara por la implantación de la formación en Educación.
Un consorcio en el que incluso se han producido actuaciones que no les eran propias y de las cuales no es sólo la Junta de Andalucía la que le reclama dinero -verbigracia, la Junta reclama al Ayuntamiento después de haberse ido del lugar de las irregularidades- sino el Ministerio de Empleo y Seguridad Social explicaciones sobre los cursos de Delphi.
Nombrar a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFE) y a las entidades Asociación de Empresas Aeronáuticas, Asociación para la Calidad Europea (Inteca) y Asociación para la Sociedad de la Información (Innova), ya es más que suficiente para tomar cartas en el asunto.
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