Según el borrador de la Orden al que tuvo acceso Europa Press, el programa contempla ayudas de salvamento y de reestructuración para las firmas hasta 2009 por un valor total de 87 millones de euros, siendo diez millones de euros la cuantía máxima por empresa.
En este contexto, el incumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales o de la medioambiental, o si se producen una deslocalización o cierre de las empresas será motivo para que la Administración regional reclame la devolución y reintegro total de las cuantías concedidas, además de poder exigirles intereses de demora.
La Orden, destinada preferentemente a pymes, pretende favorecer la vuelta a la viabilidad técnica y económica de empresas andaluzas que se encuentren en una situación de crisis coyuntural de la que por sí solas no tendrían capacidad para salir, mediante la concesión de ayudas, de conformidad con las directrices comunitarias. En este sentido, quedan excluidas de poder solicitar las ayudas las empresas dedicadas a la producción de productos agrícolas primarios, industria del carbón y la siderurgia, una requisito exigido por la UE para la puesta en marcha de estas ayudas.
Así, el documento recoge que el salvamento con ayudas públicas de una empresa en dificultades “no puede ser la norma”, por lo que se podrán conceder “solamente en determinadas circunstancias que las justifiquen” y a empresas con sede social efectiva o establecimiento operativo principal en Andalucía.
Se aplicarán medidas como la concesión de ayudas a fondo perdido o créditos reembolsables a las firmas que justifiquen factores propios de crisis como el nivel creciente de pérdidas o endeudamiento, o disminución del volumen de negocios, entre otros.
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