El sindicato CSIF, después de analizar los datos sobre la evolución del empleo público en los últimos cuatro años, ha advertido de “la pérdida de calidad de servicios esenciales para el ciudadano como la enseñanza, la seguridad, la sanidad, la justicia o la dependencia” a consecuencia de la destrucción de puestos de trabajo en las distintas administraciones que se viene produciendo desde 2009. Según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, editado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la provincia de Huelva tenía un total de 31.650 trabajadores públicos el 1 de enero de 2014; son 2.193 menos que en la misma fecha de 2010 lo que supone una merma del 6,47%.
Todas las administraciones han destruido empleo aunque CSIF considera que es “especialmente preocupante” la situación de la plantilla perteneciente a la Junta de Andalucía, ya que en este caso se han perdido 1.038 puestos de trabajo, quedándose el total en 16.331 (en 2010 la cifra ascendía a 17.369). La Central Sindical recuerda que dentro de este ámbito se incluyen áreas tan sensibles para la sociedad como la sanidad y la enseñanza.
Según el citado Boletín, el personal dependiente del Estado que desarrolla su labor en Huelva se ha reducido en 166 mientras que los ayuntamientos cuentan con casi un millar de empleados menos (en concreto 988) convirtiéndose en la segunda administración que pierde más trabajadores públicos, aunque en valores relativos se sitúa a la cabeza con un descenso del 9,03%. Por último, la Universidad onubense tenía a principios de año una plantilla formada por 1.310 personas lo que la mantiene como la institución que menos empleo público ha destruido (el dato de 2010 se situaba en 1.311 trabajadores).
Ante estos recortes, el presidente provincial de CSIF en Huelva, Juan Manuel Quilón, asegura que “los onubenses son los más perjudicados por este tijeretazo ya que los servicios que reciben de las administraciones son de menor calidad por la reducción de personal”. Por ello, Quilón reitera la necesidad de retirar la tasa de reposición del 10% impuesta por el Gobierno central por la que sólo se cubre una de cada 10 vacantes. “Las consecuencias de esta nefasta política, centrada en reducir plantillas para paliar un déficit público que en nada tiene que ver con los trabajadores, las venimos sufriendo desde hace años en los hospitales, con el aumento de las listas de espera, el incremento de las ratios en las aulas, la privatización de la justicia o la escasez de recursos para mantener la seguridad ciudadana”, señala.
El máximo responsable de CSIF en la provincia apunta, de igual forma, que la pérdida de empleo público no es el único problema que afecta al personal de las administraciones sino que también se ha detectado una creciente precariedad en las condiciones de trabajo. Casos como la contratación al 50% y al 75% en el Servicio Andaluz de Salud o las escasas plazas en el último concurso de traslados para los docentes así lo atestiguan. Todo ello se suma a los recortes salariales, la pérdida de derechos como la Acción Social o el aumento de la jornada sin la correspondiente contraprestación económica.
Ante esta situación, Juan Manuel Quilón insiste en la necesidad de recuperar los derechos perdidos e iniciar un proceso de negociación “para reestablecer los puestos de trabajo que son imprescindibles para mantener los servicios públicos, esenciales para el ciudadano. Si realmente se está saliendo de la crisis, las administraciones deben ser consecuentes y convocar ofertas de empleo público suficientes y con condiciones laborales dignas”.
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