La semana pasada falté a la cita con esta página, debido a que por diversos motivos tuve la fortuna de visitar Singapur, que me ha parecido fascinante. Por dar algunos datos, se trata de una ciudad de más de 5 millones de habitantes de todas las culturas, con predominio chino, en la que se habla en inglés como idioma oficial, en la que no hay un solo coche o moto aparcado en la calles –ni para carga y descarga- porque todos han de hacerlo en los aparcamientos públicos, en la que está prohibido comer chile o tirar un solo papel, en la que sólo tiene coche uno de cada diez ciudadanos porque todo el mundo usa el transporte público además de porque son carísimos, que tiene la tercera renta per cápita más alta del mundo y en la que la educación y amabilidad de sus gentes y la seguridad ciudadana son extraordinarias.
Todo ello cuando me había quedado sin escribir sobre un tema que me sigue preocupando, como son las actuaciones que se producen ante acontecimientos como el boicot a que Rosa Diez pronunciara una conferencia en la Universidad de Barcelona. Creo que desde luego hay que perseguir la corrupción o cualquier delito que puedan cometer quienes ostenten el poder, pero la forma acomplejada en que tratamos esta materia de los desórdenes públicos me parece absolutamente bochornosa. Resulta que a una diputada líder de un partido se le trata de impedir que de una conferencia, se le insulta, varias personas entran en la sala donde se dispone a hablar para alterar el orden y obligan a que se traslade a otra en la que siguen intentando impedirlo, la persiguen hasta su coche increpándola, crean una enorme ambiente de exaltación a su alrededor (todos hechos probados de la Sentencia) y no se ha cometido coacción alguna, para imponer a sólo 3 de ellos una simple multa como máximo de 1.200 euros.
O se impide a los parlamentarios acceder al Parlamento hasta el punto de que el presidente tiene que entrar en helicóptero. O se toman las calles de una ciudad causando enormes destrozos porque una Administración obligada a defender el patrimonio de todos trata de exigir que los bienes públicos no sean ocupados por unos cuantos que se han apropiados arbitrariamente de ellos y encima se consigue que se acabe pactando con quines provocan esos desórdenes y bajándose claramente los pantalones unos políticos que en mi opinión deberían ser juzgados por ello.
Creo que debemos dejarnos de una vez de esos absurdos complejos, extremar las medidas para que se respeten los derechos y libertades de todos y que ello sin duda redundará en la educación y seguridad que debemos obtener.
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