La propiedad del castillo ubicado en la Cala San Pedro, en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería), ha presentado alegaciones contra el decreto por el que el Ayuntamiento ha declarado en ruina el inmueble declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y le da 15 días para que acometa medidas cautelares de seguridad que pasan por el vallado del sendero peatonal que lo rodea y acotar la zona de playa que se ubica a sus pies para evitar el "peligro existente de daño a personas".
Así lo ha indicado a Europa Press el titular, Daniel Navarro, quien ha precisado que en las citadas alegaciones, elevadas el viernes, arguyen que el Consistorio "no tiene competencia" con respecto a la conservación y mantenimiento del BIC y que, según la Ley de Patrimonio, esta "pertenecen a la Junta andaluza".
Para Navarro, el Ayuntamiento ha actuado con una "ligereza rayana en la temeridad" ya que, según ha remarcado, ha incurrido en "duplicidad" con respecto a las actuaciones que con respecto al castillo mantiene la Junta de Andalucía. "Es plenamente consciente de su existencia", ha criticado.
En esta línea, ha defendido su postura con respecto a la edificación y ha lamentado que el decreto "se permita descalificar alegremente al propietario" al afirmar que ha habido un "incumplimiento del deber" de conservación de la edificación" y sostener que la situación de ruina "no ha sido causada por fuerza mayor, hecho fortuito o culpa de terceros".
Navarro ha hecho alusión "para desmentirlo" a un escrito remitido al Ayuntamiento en febrero de 2010 en el que se da cuenta del derrumbamiento del Castillo de San Pedro y se trasladan peticiones "de afianzamiento y apuntalamiento".
En concreto, el citado escrito detalla que desde que en julio de 2001 se denunció a la Junta "el arranque y uso de piedras" del inmueble para diferentes fines, "pasaron seis años" en los que la propiedad era de la Junta y en los que se comunicaron "el derrumbamiento de la torre, la caída de la pared oeste y de partes muy importantes que afectan gravemente al aspecto y la estabilidad estructural del monumento sin que se tomaran medidas mínimas para consolidar el castillo y evitar futuros derrumbamientos".
"DEJADEZ DE LA JUNTA"
Al hilo de esto, recoge que la consecuencia de la actuación de la Junta hasta que por sentencia judicial firme se le dio a él la propiedad en 2007 fue que se "devolvió al propietario un castillo en ruinas, debilitado por todos lados, corriendo un velo de silencio sobre su responsabilidad sobre un castillo que permitieron que se fuera cayendo poco a poco".
Recuerda, asimismo, Navarro que en 2004 solicitó una licencia al Ayuntamiento de Níjar para obras de afianzamiento que fue denegada "al exigir reiteradamente la Junta para cualquier trabajo la aprobación de un proyecto completo de conservación con un costo estimado de 200.000 euros".
Cabe recordar que el expediente contra el que se han presentado alegaciones fue resuelto el pasado día 18 con la declaración de situación legal de ruina y requiere a los dueños del castillo de acuerdo a Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para que "de inmediato y con urgencia" ejecuten como medida cautelar las obras que, según se cuantifica en un informe emitido por los técnicos municipales, ascienden a un total de 1.383,55 euros.
'Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata' y 'Amigos de la Alcazaba' interpusieron en abril un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento ante lo que consideraban "inactividad" administrativa en su deber de "garantizar" la estabilidad y la conservación del Castillo de San Pedro.
Ambos colectivos, que pedían al juez que obligase al Consistorio a incoar expediente sancionador contra la propiedad privada por incumplir la ley, daban cuenta del "palpable deterioro" con "derrumbe de techos, zonas de defensa, avanzado estado de degradación de los torreones y la acumulación de residuos inertes" y detallaban que el lugar incluso estaba siendo utilizado como "almacén de objetos".
El decreto del Ayuntamiento nijareño recoge que los dos elementos de la edificación, compuesta por un edificio de planta rectangular y la torre, de planta circular, presentan "un importante deterioro" que, en algunas zonas, originan "un grave peligro de estabilidad estructural".
Hace alusión en concreto a que los muros situados al sur han perdido "parte de la cimentación" mientras que otras han quedado "descalzadas por desprendimiento o deslizamiento del terreno de la ladera" sobre el que se asientan. Con respecto al muro de la torre, apunta que está en "malas condiciones" ya que la estructura vertical de mampostería de piedra "se ha derrumbado casi en la mitad de su perímetro sur".
1,6 MILLONES DE EUROS PARA SU REHABILITACIÓN
El expediente incluye, asimismo, un informe del arquitecto de la Delegación Territorial de Educación y Cultura que cifra el coste de las reparaciones necesarias para devolver a la edificación "estabilidad, seguridad, estanqueidad y consolidación estructural" en 1,65 millones de euros.
A la vista de los informes, el Ayuntamiento decreta que procede que los propietarios del BIC adopten las medidas cautelares de seguridad y detalla que estas deben consistir en el vallado del sendero peatonal que rodea el inmueble y que circula próximo al edificio.
Ordena, asimismo, que se coloque una baliza informativa de restricción de paso y de "posible caída de fragmentos de piedra" y que se disponga una baliza con cartel informativo en la "zona aledaña a la porción de playa situada al pie de la ladera, bajo el castillo".
Establece que, una vez terminada la intervención en un plazo máximo de dos semanas, los propietarios deberán presentar al Ayuntamiento certificación técnica, "adjuntando la documental fotográfica de los realizado, que garantice la idoneidad de las medidas de seguridad y la eliminación de la situación de peligro".
Por último advierte de que, en caso de incumplimiento "injustificado", la administración podría proceder a la ejecución subsidiaria "a costa" del propietario, a la imposición de hasta diez multas coercitivas por valor cada una de ellas del diez por ciento del coste de la actuación e, incluso, a la expropiación del inmueble "previa declaración del incumplimiento del deber de conservación, o la colocación del edificio en situación de ejecución por sustitución".
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