El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha solicitado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la Intervención General del Estado y la Agencia Tributaria que, a fin de "agilizar la instrucción", le presenten diez informes de conclusiones en los que se detalle la actividad que desarrollaba la organización de Francisco Correa y los contratos que realizó con varias administraciones públicas, entre ellas la Comunidad de Madrid.
En una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 destaca la "necesidad" de contar con estos informes entre el 31 de enero y el 15 de febrero, y advierte a las unidades requeridas que justifiquen cualquier "retraso o demora" en la presentación de los mismos.
En concreto, el juez Ruz pide a la UDEF que antes del 31 de diciembre presente sendos análisis sobre "la sede central de la organización de Correa", situada en la calle Serrano de Madrid; las empresas Easy Concept y Galher Servicios Administrativos; y la nave industrial del polígono Ventorro del Cano (Alcorcón) en la que se incautó numerosa documentación.
INFORME SOBRE "EL PUTO PEN DRIVE"
También se reclama a este organismo que exponga sus conclusiones sobre la memoria externa de almacenamiento que se incautó al contable de la trama 'Gürtel', José Luis Izquierdo, y que Correa identificó en unas conversaciones grabadas en la cárcel como "el puto pen drive", al reflejar la contabilidad B de sus empresas. Además, solicita la agenda personal y memoria intervenida a David Luis Cerezo.
El último informe solicitado a la UDEF, que deberá ser presentado por este cuerpo antes del 15 de febrero, se refiere a la sociedad Consultoría y Gestión de Inversiones, vinculada presuntamente a la entrega de cohechos en nombre de la trama.
De la misma forma, el juez Ruz reclama a la Intervención General del Estado que le informe antes del 31 de enero sobre los contratos de la Comunidad de Madrid que se adjudicaron las empresas de Correa y que obtuvieron en los Ayuntamientos de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón (Madrid).
También pide a la Agencia Tributaria que antes de esta misma fecha le entregue los informes que tienen pendientes respecto de las ampliaciones de comisiones rogatorias que se han cursado a varios países.
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