La Fiscalía Provincial ha abierto “diligencias informativas” sobre el conflicto de la Dependencia en Jaén. Tras la renuncia del alcalde de Jaén a prestar el servicio de ayuda a domicilio de la Ley de Dependencia, que recoge que son los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes quienes están obligados a prestarla, aunque la competencia es de la Junta de Andalucía que es quien presupuesta, la Fiscalía solicitó de forma urgente información a las partes implicadas, es decir, al Ayuntamiento de Jaén, a la Junta de Andalucía y a la empresa que presta el servicio, Multiservicios Jabalcuz.
Según explica el fiscal jefe, Carlos Rueda, esta información llegó el pasado viernes a la Fiscalía. “Lo que hemos hecho ha sido simplemente abrir diligencias para informarnos sobre lo acontecido”, a lo que añade que no se trata de actuar contra nadie, sino de tener un criterio fundado. En este sentido, recuerda que el detonante es que se ha creado una gran alarma social y que en el caso de que haya usuarios del servicio que a partir del próximo 5 de diciembre no fueran atendidos, sí se actuaría contra la administración que correspondiere, a tenor de la información solicitada y recabada.
El Ayuntamiento de Jaén, a pesar de haber recibido casi un millón de euros de los dos que informa que le adeuda la Junta de Andalucía, mantiene la intención de no prestar el servicio de ayuda a domicilio una vez denunciado el convenio en tiempo y forma, algo que cuestiona la Junta de Andalucía que siempre ha defendido que se hizo fuera de plazo.
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