La alcaldesa, María José García-Pelayo, insistió ayer en que el Ayuntamiento va a trabajar para que los nombramientos de altos cargos que el Juzgado de lo Contencioso ha rechazado se ajusten a la legalidad conforme a lo dispuesto en la sentencia emitida recientemente a instancias de un proceso iniciado por la Asociación de Técnicos Municipales (ATMJ).
La regidora entiende que los nombramientos “están bien realizados”, si bien admite que tras conocer la sentencia será necesario hacer frente a “todos los trámites necesarios” para las designaciones “se acuerden de acuerdo a lo dictado” por el juez.
En cualquier caso, García-Pelayo recordó que la sentencia afecta únicamente a ocho de los 25 nombramientos de altos cargos realizados por el Consistorio en el proceso de adscripción de puestos directivos.
La concejal socialista Ainhoa Gil entiende que el Gobierno local “se está equivocando en materia de personal” ya que a su juicio “está atacando a sus trabajadores y perdiendo sentencia tras sentencia” como consecuencia de cometer “ilegalidades muy graves”.
José Ramón Alonso, de Foro Ciudadano, preguntó “quién va a devolver el dinero que se ha gastado de más” como consecuencia de esos nombramientos y si, acaso, se contempla que sean esos trabajadores quienes “reintegren aquello que han cobrado de más”.
Por último, el portavoz de IULV-CA, Joaquín del Valle, lamenta que el Gobierno local haya optado por “utilizar” el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y el acuerdo convenio para “dividir” a los trabajadores. “Tenían ante sí una oportunidad para sumar y solucionar el desorden a nivel de empleados públicos y en lugar de eso han optado por hacer chapuza tras chapuza”, comentó.
ATMJ abrió el proceso cuando tres afiliados presentaron demanda de protección de derechos fundamentales recurriendo el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de febrero de 2013 que aprobó los nombramientos de libre designación, por considerar que vulneraban el derecho fundamental consagrado en el artículo 23.2 de la Constitución “al haberse realizado sin cumplir con el principio de igualdad de trato y objetividad”. La sentencia da la razón a los demandantes de forma parcial, anulando ocho de esos nombramientos y dando por válidos los restantes.
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