Soy abogado de profesión. Y defiendo a varias personas en muy diversas causas de la que tienen especial repercusión mediática, como pueden ser los casos Malaya, Mercasevilla, ERE o Quality Food. Es mi trabajo y estoy dispuesto a defender a mis clientes con toda honestidad y con cuantas armas lícitas pone nuestro Derecho a mi disposición. Pero con el conocimiento e inmediatez que me proporciona esa situación me gustaría poner de manifiesto dos datos muy diferentes.
El primero es el de la judicialización que estamos haciendo de la política en nuestro país. Para mí es claro que los partidos han decidido que una buena parte de los votos se gana precisamente en los tribunales de justicia, ejerciendo de acusación y tratando de que se impute a cuantos más miembros o representantes de los demás partidos sea posible. Y sinceramente creo que ello no es bueno. En muchos casos lo que pasa es que en ese río revuelto de la politización de las causas los verdaderos delincuentes salen claramente favorecidos porque todo se enmañara de forma extraordinaria. Por supuesto que los abogados que actúan defendiendo a esos partidos lo hacenestupendamente porque simplemente es su trabajo. Pero creo que ese camino de que instituciones que están para defender sus ideas políticas y para ejercer las mismas desde el poder o la oposición utilicen sus fondos y sus energías en la pelea judicial cuando la misma deberían dejarla fuera de su actividad es perjudicial y a la larga pienso que no beneficia a ninguno. Creo que sus fuerzas deben dirigirse hacia dotar a la Justicia de todos los medios materiales y humanos que necesitan y luego dejar que los jueces, fiscales y cuantos trabajan en Juzgados y Tribunales hagan su trabajo y emprender todos un camino que discurra por esa senda de que se actúe y persiga sin remedio a quienes cometan delitos y se acabe con cualquier tipo de corrupción, pero situando la política en el Parlamento, Ayuntamiento, sedes del poder ejecutivo, etc, y no en la Corte de Justicia.
Y el segundo es la absoluta banalización que se hace de la presunción de inocencia. Basta con que aparezca en algún medio que alguien es imputado para que todo el mundo de por hecho que es un delincuente y así lo afirme en cualquier sitio. He asistido en muchas ocasiones al espectáculo de cómo quienes hablan con esa facilidad de cualquier imputado son personas que a su vez se benefician de diversos favores o prebendas pero que cuando son para ellas ni siquiera merece la pena tenerlas en cuenta. También he asistido a cómo una persona absolutamente inocente es absuelta finalmente, pero ya nunca recupera ni su prestigio ni su imagen y sobre todo nunca es reparada del daño que se le ha hecho. Y muy frecuentemente a cómo quienes desprecian absolutamente esa presunción y condenan de inmediato a cuantos se ven envueltos en cualquier causa judicial, reclaman cuando les toca a ellos que son inocentes y debe respetarse esa presunción y sus derechos a rajatabla.Sinceramente, creo que haríamos todos bien en reflexionar sobre esos hábitos y en exigir que se condene a los delincuentes pero sin olvidar que por encima de todo nos hemos dado un Estado de Derecho para creer en él y respetar todas sus consecuencias.
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