La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, María Gámez, ha acusado al alcalde, Francisco de la Torre, de "aprovechar las vacaciones de verano para aprobar en el último pleno del curso político la subida de las tasas urbanísticas en un 15 por ciento".
Gámez ha denunciado "el afán recaudador" de la medida y ha vuelto a solicitar la retirada de la ordenanza, que prevé ingresar hasta ocho millones de euros extras, al tiempo que ha recordado que esta nueva norma "debería haberse debatido en septiembre de 2012 junto al resto de las ordenanzas económicas". Sin embargo, ha añadido, "con el caos que vive la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) van a entrar en vigor un año después y en la mitad del ejercicio económico de 2013".
En este sentido, la portavoz del PSOE ha señalado en un comunicado que este incremento responde a la necesidad del equipo de gobierno del PP de "financiar sus errores de gestión de los últimos años, en los que se han invertido grandes cantidades como en el caso del edificio de la Gerencia de Urbanismo".
Así, ha criticado que esta subida se realice en unos momentos de "apuro económico" para la mayoría de las familias malagueñas y que esté motivada por "una política basada en convenios urbanísticos que han sido un absoluto fracaso". Ante esto, ha destacado la necesidad de impulsar medidas de estímulo económico "y no de paralización con el cambio de unas tasas que están en vigor desde 1990".
"Se trata de unas subidas injustas socialmente, que afectarán sobre todo a las familias con menos recursos y, en especial, por el incremento que experimentará la Inspección Técnica de Edificios (ITE) que sufren los inmuebles más antiguos y que crecerá hasta los 30 euros en los casos favorables y hasta los 50 euros en los desfavorables", ha afirmado, agregando, además, que "se cobrarán 120 euros por el cambio de uso de un local y por la licencia de primera ocupación, entre otros incrementos".
Por último, Gámez ha advertido de que la revisión de este tipo de tasas "no ha contado con la participación de nadie". Más aún, ha indicado, "tiene la oposición de las asociaciones de consumidores y usuarios, de promotores y constructores, así como del Colegio de Arquitectos, por afectar a los malagueños con menos recursos y frenar la estimulación económica".
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