Primera norma del poder:
Si quieres estar protegido, reparte.
Justicia y política se han cogido la mano para hacer presente y casi no dan tregua para nada más, fruto de unos años de dispendio que hoy, por diferentes causas, han de sentarse en el banquillo de los acusados para rendir cuentas. La cultura político-social que hemos tenido durante los últimos 20 años, en los que las administraciones públicas, a través de la política de sus gobernantes, se fueron erigiendo como motores de la economía, subsidiando todo lo subsidiable, acostumbrando, de paso, a los empresarios, colectivos sociales y, en general, al ciudadano, a la cultura del “todo gratis o por debajo del coste”, ha tenido efectos colaterales que pocos atisbaban en su momento y que hoy pasan factura porque se han acumulado grandes déficits por haber gastado por encima de los ingresos, renunciando a obtener los recursos que, por ley, se deberían haber buscado. Grandes infraestructuras que no hay quien pueda mantener, acuerdos o contratos de contenido insostenibles para las arcas municipales y convenios salariales indefendibles. En definitiva, una actividad pública que ha acabado siendo rehén de la propia cultura creada bajo la premisa de satisfacer ese mal entendido interés general situado por encima de todo y que ha relegado a procedimientos administrativos y, a los hechos me remito, al estricto cumplimiento de las leyes con actuaciones que escondían determinados intereses, sean particulares o electorales. Tiro de hemeroteca de Jerez, que es lo que me llama estos días, para ilustrarme y resumo:
1. La casa de la Hermandad del Rocío. Conocida es la fuerza social que tienen las hermandades y, por ello, el fuerte apoyo que recibieron de Pacheco y las posteriores alcaldesas. Son muchos votos. En este caso, Pedro Pacheco, un constructor, un ex Hermano Mayor y varios técnicos municipales se encuentran imputados a instancias de la fiscalía anticorrupción por, supuestamente, haberse remodelado la casa que posee la hermandad del Rocío de Jerez, en la Aldea, con fondos municipales y, esto es lo grave, mediante la supuesta emisión de facturas falsas por una cuantía que ascendía a 500.000 euros. La defensa mantiene la inexistencia de facturas falsas y la corrección del procedimiento legal llevado a cabo. Independientemente de la veracidad o no de los hechos imputados y de la gravedad de la supuesta forma de cubrir los pagos, hay que preguntarse si un ayuntamiento debe financiar las obras o la construcción de sedes de hermandades. ¿Por qué no para un club de dardos?
2. La antigua estación de autobuses. El pelotazo urbanístico ha presidido la actividad económica en muchas ciudades dominadas por el paisaje de grúas y ladrillo. Constructores millonarios de la noche a la mañana se hicieron visitantes fijos de todas las administraciones y, en especial, de los ayuntamientos. En este caso, el ex alcalde Pedro Pacheco se encuentra imputado, también por anticorrupción, por presunta prevaricación, malversación de caudales y tráfico de influencia por la venta de 4.000 metros cuadrados de terrenos que ocupaban la antigua estación de autobuses a, al parecer, una empresa controlada por el conocido Turronero por un precio de 2,7 millones de euros, pese a que, según Hacienda, el valor de mercado llegaba a los 4,4 millones. En poco tiempo, el suelo volvió a cambiar de manos pero por un precio muy superior. La defensa de Pacheco mantiene que la venta se hizo cumpliendo la ley y sin ningún informe que advirtiese de ilegalidad alguna. Por esta causa, aún pendiente de la vista oral, Pacheco sufrió el embargo de sus cuentas corrientes, de una parte de su pensión de jubilación de Cajasol y de su vivienda para hacer frente a la fianza de 1.695.000 euros impuesta por el juzgado a todos los imputados.
3. Los asesores políticos. La única forma de contratar a dedo a empleados públicos, de manera legal, es a través de la figura del llamado funcionario eventual, lo que conocemos como asesor político. Pilar Sánchez, cansada del trato sufrido en su pacto de gobierno con Pacheco, le denunció ante la fiscalía por la contratación ilegal de dos asesores de los que se desconocía qué tipo de trabajo habían realizado –por lo que han sido condenados en la reciente sentencia-; la vendetta tuvo su respuesta y su ex socio de gobierno hizo lo propio por la contratación de una veintena de asesores llevada a cabo por la ex alcaldesa. Como resultado, la imputación de ella y de varios de los contratados por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Queda pendiente del juicio. Sea como sea el fallo de la futura sentencia, Pilar Sánchez tuvo su condena política: La existencia de estos asesores y, sobre todo, que entre ellos estuviese su marido, provocó la fractura de su gobierno, la permanente crítica de la oposición y la reprobación generalizada de la ciudadanía con un descrédito que, por este y otros motivos, le llevó a la debacle electoral.
4. El Parque Tecnológico Agroindustrial. Por denuncia del PSA ante la fiscalía anticorrupción, Pilar Sánchez, junto a dos concejales de su gobierno, un empresario y un empleado de la empresa municipal del PTA se encuentra imputada por presuntos delitos de prevaricación, falsedad, malversación y tráfico de influencias por supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones para la compra de suelo en el Parque por parte de una empresa sanitaria que, al parecer, suponían una rebaja de casi el 40 por ciento respecto a lo estipulado por ley. La defensa mantiene el estricto cumplimiento de los procedimientos legales de concesión. En cualquier caso, la inversión nunca llegó a efectuarse, como tantas grandes inversiones anunciadas por muchos alcaldes que, con la visión que nos da el pasado, más parecían intentos del empresario de cegar al mandatario ante el sueño del gran acto que sería la inauguración.
5. Los fondos del Plan E. Pilar Sánchez, por denuncia del actual gobierno de Pelayo, acaba de ser imputada por presunto delito contra la hacienda pública y prevaricación por utilizar 8.653.117,07 euros al pago de nóminas y a algunas facturas de suministros básicos cuando debían ser destinados al proyecto de la Ciudad del Flamenco y a obras del Plan E, siendo subvenciones estatales. En su defensa la ex regidora mantiene que, ante la inexistencia de fondos para el corriente y, contando con el dinero para las obras, dio prioridad al pago a los empleados municipales, con la intención de ir reponiendo las cantidades destinadas para las obras. Además de dejar claro que no hubo, por tanto, otro destino que el público y, en ningún caso, interés ni beneficio particular. Es de suponer que Sánchez ha debido de arrepentirse mucho en estos últimos meses, y hoy más, al comprobar que actualmente los empleados municipales han venido soportando reiterados retrasos en el cobro de sus nóminas sin que se produzca el grado de protestas de su época. Hay veces que la vida política es injusta. Y este caso lo parece.
Hacer gestión. No es fácil, pero tampoco es imposible. Uno se cuestiona si quiere saberlo todo o si es mejor hacer borrón y cuenta nueva ante lo que no parece tener fin. Y eso que de todo sabremos de la mitad de la mitad, un cuarto. Pacheco, al que solo la aplicación estricta de la ley debería arrebatar su acta de concejal y no una votación en Pleno porque de pertenecer a un partido con mayoría absoluta seguiría siendo concejal y eso sí que sería de nota, fue votado masivamente durante muchas legislaturas, al igual que Pilar Sánchez logró mayoría y, hoy, García Pelayo disfruta de lo mismo. Tiempos distintos. Maneras diferentes. La misma ciudad. Cada cual que opine.
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