Se acabaron los plazos de respuesta voluntaria. Los promotores de los más de 15.500 inmuebles pendientes de legalizar en Marbella recibirán próximamente una carta de pago a su nombre. El Ayuntamiento les informará de que deberán afrontar las cargas urbanísticas indicadas en el Plan General, cuyo saldo supondrá la regularización de sus construcciones.
"En este momento, una vez ya son numerosas las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en las que se afirma, de manera ya contundente, que el principio rector de la normalización urbanística que recoge el Plan General resulta ajustado a derecho, procede ya iniciar los trámites para la ejecución forzosa de esas obligaciones", explicó el concejal de Urbanismo, Pablo Moro. "La Junta de Gobierno ordenó, mediante este acuerdo, a la delegación de Urbanismo a iniciar la ejecución forzosa de los deberes que condicionan la normalización de las ordenanzas de mantenimiento”, añadió.
Primero serán cartas de apercibimiento. Pero luego vendrán las vías de apremio, como ocurre con las multas de tráfico, pero sin recargos. Aún el Consistorio no ha contabilizado cuántos constructores recibirán esta misiva ni a cuánto asciende el cómputo global de metros cuadrados que deberán ceder para equipamientos ni el dinero que deberán abonar a las arcas públicas.
"Creemos que tres años han sido suficientes para que en período voluntarios fueran los promotores los que vinieran al Ayuntamiento a cumplir con las obligaciones. Entendemos que, teniendo un número importante de sentencias que nos dicen que efectivamente la vía es la normalización, ahora si que creemos que es el momento de dar un paso más e iniciar los mecanismos para la ejecución forzosa de esas obligaciones. Insisto, porque esa ha sido la premisa desde el principio, no serán los terceros de buena fe, no serán los ciudadanos finalistas, propietarios actuales, sino que serán los promotores aunque no sean los propietarios actuales de los inmuebles y serán ellos los que tengan que hacer frente a esas carga tal y como nos comprometimos desde el primer momento", aseguró.
El Plan General de Ordenación Urbana, vigente desde 2010, permitía legalizar 16.500 del total de 18.000 inmuebles considerados irregulares por no ajustarse en su momento al planeamiento en vigor. En tres años de PGOU, están regularizadas el 6% de estas fincas.
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