Tal y como comentan en un excelente trabajo Meneu et al (2012), miembros del grupo de trabajo en pensiones de la Universidad de Valencia y Extremadura (http://www.uv.es/pensiones) , según el parámetro que se ajuste el riesgo recae sobre un colectivo u otro. Por ejemplo, el ajuste de los años cotizados o la edad de jubilación recae sobre los nuevos pensionistas; el ajuste de revalorización, en los ya existentes; y el del tipo de cotización, en los cotizantes. Por otra parte, según la variable a la que se vincula el factor de sostenibilidad, se cubre al sistema de un riesgo u otro. Por ejemplo, si se vincula a la esperanza de vida, protege de riesgos derivados de los cambios en la supervivencia; si se vincula a la tasa de dependencia (efectiva o potencial), cubre de riesgos demográficos en general; si se vincula al crecimiento del PIB y/o productividad, cubre los factores del ciclo.
Existen múltiples configuraciones posibles del factor de sostenibilidad. Sin embargo, podemos considerar dos principales: aquellas que tienen en cuenta la esperanza de vida para corregir la edad de jubilación futura; y aquellas que tienen en cuenta la evolución del número de cotizantes y/o el PIB.
Un buen ejemplo del primer caso es el danés, donde la edad de jubilación normal quedará fijada en 67 años en 2022, para posteriormente vincularse a la esperanza de vida a los 60 años tomando como base la del año 2020 y con un desfase de 5 años.
Sobre el segundo caso son especialmente interesantes Suecia y Alemania. En Suecia, que en 1999 introdujo un sistema de cuentas nocionales, si los pasivos del sistema superan a los activos se pone en marcha un mecanismo automático de estabilidad financiera que reajusta a la baja la indexación o el crecimiento de las cuentas nocionales. Alternativamente, Alemania que tiene un sistema de puntos mediante el cual el importe de la pensión de cada año (no sólo la inicial) depende del valor de cada punto. Aunque dicho valor depende del nivel salarial medio, desde el año 2005 se ajusta por la evolución del tipo de cotización y por un factor de sostenibilidad que depende del ratio pensionistas-cotizantes , siendo el ratio función tanto de variables demográficas como económicas. A mayor ratio menor revalorización del punto.
La reforma de pensiones española prevé un factor de sostenibilidad en función de la evolución de la esperanza de vida y las condiciones económicas. En Meneu et al (2012) se calculan las implicaciones de revisar las prestaciones en base a la esperanza de vida a los 67. El menú de consecuencias acumuladas de mantener un equilibrio financiero en 2045 serían bien un aumento de la edad de jubilación hasta los 70 en 2047, o un incremento de los años cotizados hasta entre 42 y 43 años, o una reducción de la pensión inicial del 20 por ciento.
En caso de hacer depender el factor de sostenibilidad de las condiciones económicas las consecuencias serían asimismo importantes. Por ejemplo, ¿Qué hubiera pasado en el caso español si se hubieran revisado las pensiones en base a la evolución del ratio cotizantes vs pensionistas? Que en 2012 sólo se hubieran trasladado a revalorización un 30 por ciento del incremento del IPC. Alternativamente, ¿Qué hubiera pasado de corregir el valor de las nuevas pensiones según el balance entre contribuciones y pensiones? Qué éstas se hubieran reducido alrededor de un 20 por ciento en 2013.
En definitiva, la mayoría de países europeos que han visto que el rendimiento del principal activo al que está ligado la sostenibilidad de sus pensiones ha aumento su incertidumbre han planteado un tránsito, más o menos explícito desde un sistema de prestación definida a un sistema de contribución definida. En nuestro caso, donde no sólo el principal activo (la demografía), sino también el secundario (el mercado de trabajo) están sujetos a gran incertidumbre, también daremos, probablemente más temprano que tarde, pasos en la misma dirección, y quizás no solo para el sistema de pensiones sino también para otros programas de protección social.
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