Las extraordinarias circunstancias actuales han adelantado el déï¬cit previsto para mediados de la década de los veinte al año 2011 (0.24% del PIB) y 2012 (1% del PIB). Es decir, la crisis ha hecho en dos años lo que la demografía debía haber hecho en quince. Como consecuencia, la relación entre cotizantes al sistema (excluyendo los cotizantes desempleados) y el número de pensionistas se ha ido reduciendo desde el máximo alcanzado en el año 2007 (2,5) a un nivel de 2,1 en diciembre de 2011 y por debajo de 2 a finales de 2012. Asimismo, el deterioro del ratio de cobertura (relación entre cotizaciones y prestaciones sociales) es espectacular: 111.8 en 2007, 85.0 en 2011 y (aprox) 80.0 en 2012.
La solución tomada por el Gobierno ha sido la de ï¬nanciar el desfase de 2012 acudiendo a los excedentes de la mutuas (la caja negra del sistema de protección social) y al fondo de reserva. Sin embargo ambas son medidas transitorias que no solucionan los problemas de fondo derivados de unas perspectivas demográï¬cas y unas condiciones económicas y de déï¬cit muy adversas, que persistirán, al menos, durante 2013. Para atajar el doble problema (de insuï¬ciencia ï¬nanciera corriente y de deuda futura) hacen falta medidas más radicales tanto a corto como a largo plazo.
De no mediar una súbita recuperación económica (e incluso mediando) la única opción a corto plazo es, nuevamente, la de congelar la revalorización de las prestaciones. Las opciones a largo plazo pasan necesariamente por una reducción de la generosidad de las pensiones. La justiï¬cación es bien clara: el rendimiento de las cotizaciones en un sistema de reparto depende de la evolución de la demografía y el mercado de trabajo. Cuando ambos fallan, el retorno de las “inversiones” debe ajustarse a las nuevas condiciones. La reforma de 2011, reconociendo la insostenibilidad del sistema a largo plazo, es un paso en este sentido. Lo único que ahora cabe, dadas las desfavorables condiciones económicas, es acelerar la aplicación de la reforma, quizás aprovechando para simplificarla (tal y como comento aquí y aquí, aunque no parecen estar por la labor), incorporando un factor de sostenibilidad (ya previsto en la ley 27/2011), en función de la esperanza de vida y las condiciones económicas, al cálculo de la pensión a recibir en el momento de la jubilación.
El factor de sostenibilidad es un mecanismo de equilibrio financiero que ajusta los parámetros fundamentales del sistema según la evolución de una o un conjunto de variables exógenas (aunque no necesariamente) al sistema de pensiones. Para su correcto funcionamiento es crucial que las reglas de activación sean públicas y conocidas (evitando, por tanto, la incertibumbre asociada al Gobierno por Real Decreto), por lo que una correcta información al ciudadano es imprescindible. Un muy buen ejemplo es el ‘orange envelope’ que cada año recibe cada ciudadano en Suecia describiendo claramente sus opciones e incentivos bajo escenarios diversos (también es interesante el informe sobre el estado del sistema: Swedish Orange report).
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