El juez decano de Almería y titular del Juzgado de lo Penal número 1, el magistrado Luis Columna, ha alertado de la "gran carga de trabajo" que soporta el juzgado que investiga la operación 'Poniente' desatada por una presunta trama corrupta en torno al Ayuntamiento de El Ejido bajo el mandato de Juan Enciso (PAL) y cuya instrucción continúa pese a que se inició en octubre de 2009.
El juez Columna Herrera ha hecho esta advertencia en la sentencia que condena a cárcel por estafa a Jonathan Moya, presunto autor del rapto y muerte de la niña onubense de 16 meses Miriam, al fundamentar la aplicación de la circunstancias atenuante de dilaciones indebidas que ha supuesto la rebaja en seis meses de la pena interesada por la fiscal, que pidió un año y seis meses de cárcel para él.
Asegura en el fundamento de derecho tercero que "lleva razón" la defensa cuando señala en juicio que la estafa por la que fue procesado "se trata de un asunto cuya investigación no es de una especial complejidad" y considera que no es "admisible" que, si los hechos se remontan a mayo de 2008, "se juzguen casi cinco años después".
En este punto, el decano de los jueces de Almería alude a la "gran carga de trabajo" que pesa sobre el Juzgado de Instrucción número 2, "con alrededor de 8.000 diligencias previas por año", según remarca, y añade que a esta circunstancia se une "que, desde el año 2008 investiga la compleja causa conocida coloquialmente como operación 'Poniente', lo que es la única razón por lo que la instrucción no fue lo rápido que se hubiera deseado".
"Estas dilaciones, de las que no es culpable el acusado, deben ser tenidas en cuenta como circunstancia modificativa de la responsabilidad penal", concluye.
Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, del que está al frente el juez Jesús Miguel Hernández, investiga a su vez, entre otros, el crimen de la bebe de Palma del Condado (Huelva), sobre el que se mantiene el secreto de las actuaciones desde el pasado mes de diciembre y por el que están imputados y en prisión Jonathan Moya y su amigo Raúl R.F.
El magistrado Hernández Columna se hizo cargo de la instrucción del caso 'Poniente' tras la marcha en septiembre de 2010 de la jueza Montserrat Peña, quien inició la investigación. Ocho meses después acordó liberar la totalidad del sumario al alzar el secreto de las piezas separadas sobre el exalcalde de El Ejido, Juan Enciso, el exinterventor municipal, José Alemán y la empresa 'Gestora Ejidense', administrada por Enciso y su mujer.
LARGA INSTRUCCIÓN
La operación, por la que se imputa a los alrededor de 80 implicados la comisión de presuntos delitos de malversación de caudales públicos, contra la Hacienda Pública, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental, estalló el 20 de octubre de 2009 con la intervención por parte de la Policía Nacional de las oficinas de la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur) y del Ayuntamiento de El Ejido, gobernado entonces por el PAL.
Se produjo así la detención de 20 personas entre las que se encontraban el propio Enciso, Alemán, y los empresarios José Amate, Juan Antonio Galán, Ambrosio Cuevas y Jesús Aragón, además de sus entornos familiares. El sumario, cuyo contenido mantuvo encarcelado durante ocho meses al exregidor, divide la presunta trama en seis clanes y el grupo Abengoa. De este se desprendía hasta el momento que las sociedades de los principales implicados facturaron de la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur), considerada eje, con subcontrataciones en su mayoría "irregulares" al menos 93,3 millones de euros entre los años 2002 y 2007.
Señala, asimismo, que estos constituían un "grupo criminal perfectamente organizado" que "detrajo" dinero de las arcas municipales a través de las citadas subcontrataciones con Elsur y extiende la investigación a una presunta trama de corrupción urbanística en torno a Desarrollo Urbanístico de El Ejido. El avance de la instrucción está a la espera de la remisión al juzgado de diversos informes por parte de la Agencia Tributaria, según fuentes del caso.
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