La falta de fondos ha dejado a las oficinas de empleo de Jerez de Madre de Dios y Capuchinos sin asesores y promotores, un desmantelamiento en toda regla después de que tras cuatro años el Ejecutivo no haya destinado ninguna partida en este concepto. Según informan desde el comité de empresa provincial de laborales del SAE del CSIF, en la ciudad los efectos de la falta de presupuesto se empezarán a notar especialmente a principios de año, cuando alas completas de las mencionadas dependencias se queden sin un personal que aunque fue contratado para asesorar en materia de empleo a las contrataciones que se hicieran en virtud del antiguo Plan Memta, en la práctica hacía funciones de apoyo para toda la plantilla.
En concreto, exceptuando la oficina de La Merced, que es la más pequeña, las de Madre de Dios y Capuchinos perderán cada una de ellas a comienzos de año los cinco empleados contratados por el Plan Memta, que se suman a los dos y los cuatro promotores respectivamente que ya han sido despedidos en las últimas semanas. Estos últimos, como ha sabido este periódico, tuvieron todavía menos margen de maniobra ya que el mismo día que en el BOE se publicaba la orden, desde la Junta les avisaban que al día siguiente no se incorporaran a sus puestos de trabajo.
Finalmente, a algunos de ellos se les hizo contratos de 3,5 horas, hasta el día 19 del pasado mes, mientras que los del Memta se les ha dado aviso esta última semana de que finalizarían sus servicios el 31 de diciembre. El malestar que ha acarreado esta situación es más que evidente y no ha tardado en llegar a los juzgados, ya que en algunos casos los afectados serán indemnizados con 8 días por año.
Además, en el caso de los promotores Memta la decepción ha sido todavía mayor, ya que tras cuatro años de trabajo y apoyando a toda la plantilla justamente en una época en la que la carga laboral se triplicó debido al incremento del paro, ahora se encuentran con que la Junta ni si quiera se plantea asumir la partida como sí ha ocurrido en otras comunidades autónomas. Así, en Valencia y Extremadura los respectivos gobiernos autonómicos suplirán los fondos que dejará de aportar el Estado.
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