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La investigación a Díaz Ferran incluye comisiones rogatorias a Irlanda, Liechtenstein, Suiza, Chipre y Panamá

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La investigación que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco realiza al entramado de empresas del expresidente de la CEOE y exdueño del grupo Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, incluye el envío de comisiones rogatorias a diversos paraísos fiscales como Liechtenstein, Suiza, Irlanda, Chipre, Panamá y Colombia, han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

   La Unidad de Delitos Economicos y Fiscales (UDEF) de la Policía y la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que es la que lleva la investigación de esta causa, tratarán de encontrar en estos lugares el dinero que, presumiblemente, tiene su origen en el vaciamiento patrimonial de empresas como Marsans y Air Comet, según las mismas fuentes.

   La investigación de este asunto por parte del juez Central de Instrucción número 6 es consecuencia de una querella presentada por AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia contra los antiguos propietarios de la agencia de viajes Marsans, Gerardo Díaz Ferrán y el fallecido Gonzalo Pascual, su nuevo dueño, Ángel de Cabo, y la empresa Possibilitum por la comisión de delitos de alzamiento de bienes y ocultación apresurada de sus bienes personales.


   Por el momento, la Policía ha llevado a cabo al menos nueve detenciones incluyendo la Díaz Ferrán, la del empresario valenciano Ángel Cabo y la del consejero delegado de Nueva Rumasa, Iván Losada Castel. La operación continúa abierta y no se descartan más arrestos en las próximas horas.

   El pasado julio la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó al juez Velasco asumir esta causa. La Audiencia resolvía de este modo el conflicto de competencia que había planteado el propio juez, que consideraba que la causa debía recaer en otro Juzgado, el número 1, del que es titular es juez Santiago Pedraz y que ya investiga a Marsans, en este caso por la apropiación indebida de los depósitos realizados por los clientes de la agencia para la reserva de viajes.

   Las compañías hoteleras denunciaron a los tres empresarios al considerar que estaban ocultando a los acreedores de Marsans bienes de la agencia de viajes y personales para evitar así hacer efectiva la deuda contraída con ellas, que asciende a 45 millones de euros.

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