El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, ha estimado este martes, en respuesta a IULV-CA, en unos 17 millones de euros lo defraudado por los 241 perceptores incluidos en expedientes de regulación de empleo (ERE) con irregularidades entre 2001 y 2010 en Andalucía.
De esta manera, en la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz sobre el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitadas por la Administración andaluza, ha detallado que de los 81.464 trabajadores afectados por ERE en el periodo 2001 y 2010 en Andalucía, el 7,9 por ciento recibió ayudas públicas de prejubilación y de estos, un total de 241 personas, el 0,29 por ciento del total y el 3,7 por ciento de los perceptores de ayudas, contienen alguna irregularidad.
El alto cargo del Gobierno andaluz al frente de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo desde el pasado 5 de mayo, tras realizar un repaso del contexto económico desde 1980 para poder entender mejor el periodo de 2001 a 2010, ha señalado que los 81.464 trabajadores afectados por ERE suponen un cinco por ciento del nivel nacional.
Con estos datos, el consejero ha criticado la proyección "interesada" de "sombras" hacia un instrumento como los expedientes de regulación de empleo (ERE) y en un periodo entre 2001 y 2010 donde "también hubo luces" y ha destacado el bajo porcentaje de trabajadores con irregularidades incluidos en expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos en este periodo, aunque "una sola irregularidad es criticable".
Así, el alto cargo andaluz que ha abierto la sexta jornada de comparecencias en el Parlamento andaluz ha apuntado a una "injusta criminalización" del instrumento, "a veces interesada y partidista", cuando los ERE se han utilizado "profusamente" en otras comunidades y en el Gobierno central, quien entre 1997 y 2002 aprobó todos los expedientes que le fueron presentados.
ACTUACIÓN DE LA JUNTA
Ante esta situación, ha apuntado que la Junta ha constituido un grupo para la revisión de oficio de los expedientes por parte de Empleo, se ha garantizado el pago a las empresas aseguradoras sin cobros a comisionistas, ha solicitado la fiscalización por la Cámara de Cuentas, ha puesto en conocimiento los hechos a la Justicia y se ha personado como acusación
De esta manera, Ávila ha pedido que este "deleznable" caso "no debe volver opaco todo lo anterior" y ha señalado que "el compromiso de la Junta con la transparencia no es sólo cuestión cuantitativa sino sobre todo cualitativa". Asimismo, ha apuntado que "aunque no debe permitirse ni un sólo caso de uso fraudulento de fondos, no es menos cierto de que en cualquier sociedad hay reglas de comportamiento, pero el mero hecho de que existan no significa que se cumplan, por eso también hay sanciones y códigos penales".
"No pueden ser calificados como fraudulentos los ERE ni el apoyo a los trabajadores, esto no contribuye al esclarecimiento de nada y entorpece la resolución y es nocivo para la imagen y proyección de Andalucía y de los andaluces, y más cuando es falso", ha subrayado.
"NO HUBO FRAUDE GENERALIZADO"
Asimismo, ya en su último turno de palabra, Ávila ha afirmado que "Andalucía no es la tierra de los ERE" y ha reprochado al Gobierno central que mientras la Junta ha aportado la información solicitada por la comisión de investigación del Parlamento andaluz, el Gobierno no lo ha hecho para el caso de la Faja Pirítica de Huelva, expediente que se aprobó gobernando en España el PP con el actual presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, como delegado del Gobierno en Andalucía.
El consejero, además, ha asegurado que "no ha habido fraude ni corrupción generalizada en las ayudas sociolaborales" y ha pedido "no criminalizar" a los 6.473 trabajadores que las han recibido en este periodo.
Ávila también ha afirmado que "todos los procedimientos son mejorables y en Andalucía se han mejorado", a lo que ha añadido que "no podemos con las normas de hoy ni con la información de hoy valorar los procedimientos de ayer". En este sentido, también ha indicado que las ayudas sociolaborales fueron aprobadas cada año en los Presupuestos de la Junta de Andalucía.
Por último, también ha querido aclarar que la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) "no decidía, no gestionaba ni resolvía ningún expediente, se limitaba al pago de ayudas que resolvía la Dirección General de Trabajo". En este punto, ha detallado que los convenios para estas ayudas pasaban por el consejo rector de IDEA "por transparencia pero no por obligación".
PEDIDO EL REINTEGRO PARA 7 PERCEPTORES
En el turno de preguntas, Ávila ha apuntado a la portavoz de IULV-CA Alba Doblas que ya se ha determinado el inicio de reintegro en siete de los casos en los que se han encontrado irregularidades y ha detallado que IDEA no tiene entre sus tareas controlar estas ayudas. "Al ser ayudas de Empleo, IDEA no tiene esta obligación", ha subrayado.
También sobre IDEA, en respuesta al portavoz del PSOE-A Enrique Javier Benítez Palma, el consejero ha apuntado que la función pagadora de esta agencia es "puntual" y no tiene nada que ver con "el 99,99 por ciento de su actividad" y, por lo tanto, "no es una organización pagadora de los ERE".
Sobre su papel en el consejo rector de IDEA, Ávila ha afirmado que conocía los convenios que se presentaban en los términos en que el director general de Trabajo informaba. "La información que se trasladaba era bastante escueta y la agencia hacía el pago de las ayudas que señalaba Empleo", ha subrayado.
"NO HAY NADA QUE INVESTIGAR" EN IDEA
Por su parte, el portavoz del PP-A Carlos Rojas le ha preguntado sobre si la IDEA abrió un proceso de investigación tras conocer el caso, tal y como hizo la Consejería de Empleo, punto en el que Ávila ha señalado que "IDEA actuaba como pagadora y ahí no hay nada que investigar".
En este sentido, preguntado sobre si conocen si coinciden los pagos realizados por IDEA con las cuentas de crédito que Empleo ordenaba, Ávila ha dicho no tener conocimiento sobre si esta coincidencia se da.
Asimismo, ha señalado que "pese a todas las personas honorables que forman IDEA, se han hecho, al parecer, muchas cosas que no son deseables" y ha señalado que "entonces no había normas que regulará el procedimiento" de concesión de ayudas.
Cuestionado sobre la concentración de este tipo de ayudas en la Sierra Norte de Sevilla a ayuntamientos gobernados por el PSOE, Ávila ha destacado que "Sevilla es la provincia que mayor población concentra de Andalucía y casi la totalidad de los ayuntamientos de esta zona eran gobernados por el PSOE".
Rojas también ha preguntado si en el Consejo de Gobierno de la Junta en alguna ocasión se ha tratado este caso específicamente, si bien Ávila ha señalado que "no hay ningún punto del orden del día del Consejo de Gobierno en el que este tema se haya tratado específicamente" pero ha apuntado que "sí había una dirección política".
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