El Gobierno andaluz ha acordado presentar ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto del Gobierno central sobre ahorro sanitario porque, en su opinión, atenta contra un artículo de la Constitución y cuatro del Estatuto de Autonomía andaluz.
A pesar de este recurso, la Junta aplicará este decreto aunque modificará aspectos del copago farmacéutico que entrará en vigor el 1 de julio, como el cobro del 10 por ciento del coste de las medicinas a los jubilados, a quienes sólo cobrará el tope mensual de 8 ó 18 euros fijado según su renta.
Con este procedimiento, los pensionistas andaluces no abonarán el resto del copago superior a este tope, que será adelantado por la sanidad pública andaluza, a diferencia de otras comunidades autónomas donde este importe será adelantado por los pensionistas a quienes luego se les reembolsará trimestral o semestralmente.
La Junta también atenderá a los inmigrantes sin los requisitos que impone el decreto estatal ya que, según ha destacado a la prensa la consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, este colectivo "tiene un impacto económico muy bajo" en la sanidad pública andaluza, que no alcanza el dos por ciento y, si no es atendido podría transmitir enfermedades, "por lo que no sólo estamos ante una cuestión de solidaridad sino también sanitaria"
Montero ha asegurado que la norma del Ejecutivo central "atenta contra principios básicos" y supone un "desprecio" hacia la autonomía andaluza, además de ser un "varapalo" a la equidad, que impacta principalmente sobre las clases medias y trabajadoras.
El recurso de la Junta se basa en la inconstitucionalidad y la vulneración del Estatuto andaluz del decreto estatal, tanto en el fondo como en la forma, por lo que la consejera ha advertido de que "lleva implícita una intención recentralizadora que supone un constatable desprecio a la autonomía andaluza".
Respecto a las formas, ha señalado que la norma estatal incumple los requisitos de urgencia por la que se ha aprobado, no garantiza la reversibilidad de algunos de sus propuestas y modifica aspectos "que en ningún modo son urgentes".
En opinión de la Junta, el decreto vulnera el artículo 43 de la Constitución al rebajar el concepto de ciudadanos con derecho a la salud "por el de meros asegurados".
"Hemos pasado de ser ciudadanos y tributarios de un derecho a la salud a ser asegurados a un servicio; pierden los inmigrantes, pierden los colectivos mas desfavorecidos y se atenta contra los logros que tanto tiempo y tanto trabajo nos ha costado alcanzar", ha apostillado Montero.
La Junta de Andalucía también interpreta que el decreto estatal vulnera los artículos 12, 14, 22 y 55 del Estatuto de Autonomía andaluz, relativos a los derechos básicos de los andaluces y la competencia exclusiva de la administración autonómica respecto a la prestación farmacéutica.
El artículo 12, según Montero, blinda la salud como "un derecho básico para todas las personas con vecindad administrativa en Andalucía y los artículos 14 y 22 prohíben "toda discriminación en el ejercicio de los derechos, en el cumplimiento de los deberes y en la prestación de los servicios básicos garantizados" en la comunidad autónoma.
Para la consejera, el Gobierno central ha invadido competencias autonómicas sobre prestación farmacéutica, explicitados en el artículo 55 del Estatuto Andaluz, y ha usado el decreto para reforzar su oposición a la subasta de medicamentos impulsada por la Junta de Andalucía y paralizada en los tribunales por el Ejecutivo de Rajoy.
"La crisis no puede ser una coartada para imponer una reforma estructural del modelo del Sistema Nacional de Salud y poner en jaque una de las características básicas que lo habían definido que era entender la salud como un derecho básico", ha aseverado.
La responsable andaluza de Salud ha opinado que el decreto del gobierno central retrotraerá la sanidad pública "a la situación de hace treinta años, cuando pasamos de un modelo de aseguramiento a otro de atención sanitaria universal y gratuita no solo para asegurados sino para el conjunto de los españoles".
Ha alertado de que la normativa estatal supone "un varapalo a la igualad", perjudica sobre todo a las clases medias y trabajadoras y representa "una coartada para desmantelar el sistema sanitario público, universal y gratuito".
"Se penaliza, con motivo de la situación económica, a los sectores más desfavorecidos, se abre una brecha insalvable en Sistema Nacional de Salud y es la antesala del aseguramiento sanitario privado", ha apostillado.
Montero ha enfatizado que una de las características del Sistema Nacional de Salud es que "independientemente de las características de cada persona, es atendida en la misma cama, en la misma consulta, por el mismo profesional y con las mismas garantías de tratamiento".
La consejera también ha querido trasladar a las personas que tengan pensado veranear en Andalucía que "no solo no van a tener ningún problema de atención sanitaria sino que van a poder tener uno de los sistemas sanitarios mejores del mundo".
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