El Gobierno local trasladó a los sindicatos una propuesta de convenio colectivo que en la práctica supone el fin de aquellos pluses y gratificaciones no afectos directamente a los puestos de trabajo. Esta medida, unida al desarrollo de la RPT, permitirá un ahorro anual de 10 millones de euros, excluyendo a las empresas municipales.
El portavoz del Gobierno, Antonio Saldaña, explicó que el hecho de que los pluses vinculados a los puestos de trabajo se hayan incluido en la valoración que se hace de los mismos en la RPT justifica que desaparezcan del convenio colectivo. Ello constituye de algún modo una garantía para los trabajadores de que esos pluses no serán ya objeto de negociación, toda vez que se consolidan en la RPT.
Se incluyen en esa relación los pluses de pantalla, de peligrosidad, de conducción de vehículos, de comandancia, de radiopatrulla, de conducción de motocicletas, de toxicidad, de penosidad y altura, entre otros.
Desaparecen, por el contrario, los pluses que hasta ahora se han ofrecido de manera lineal, sin seguir criterios objetivos y sin tener en cuenta el rango salarial de lo strabajadores. Entre ellos se encuentran los pluses de marzo, junio, septiembre y diciembre, el plus de transporte o los premios por asistencia. Tampoco se contempla el mantenimiento del denominado plus de servicios extraordinarios, que ofrecía dos días de salario a quienes perciben menos de 45.000 euros brutos anuales con independencia de que participaran o no en el desarrollo de esos eventos.
Beneficios con las horas contadas
En un tercer bloque aparecen otros beneficios que por regla general desaparecerán o sufrirán sensibles modificaciones. El Gobierno local plantea la eliminación de las ayudas al estudio, argumentando que existen otros mecanismos que cubren esta necesidad. La ayuda que se ofrece a los trabajadores que tienen a algún familiar con discapacidad se limitará en adelante a quienes no superen unos determinados ingresos.
También se baraja la supresión de los premios de fidelidad a la empresa que se ofrecen a los trabajadores que cumplen 25 y 50 años de servicio. Esta misma suerte corre el premio de nupcialidad, que en todo caso será sustituido por algunos días excepcionales de permiso que deberán sumarse a los 15 que ya se ofrecen en virtud del Estatuto de los Trabajadores. La ayuda a la natalidad -que se ofrece a los trabajadores por el nacimiento de un hijo- también será sustituida por días de permiso.
Además, el Gobierno local plantea la supresión del seguro de vida y del seguro médico, salvo que los trabajadores asuman el pago de las pólizas contratadas o se encuentren ya disfrutando de alguno de sus beneficios. Se suprimen igualmente las ayudas para prótesis dentales, ortopedia, gafas o audífonos, así como el premio a la jubilación anticipada.
A este respecto, se propone eliminar la adaptación a la jubilación del personal municipal, que supone una reducción horaria progresiva desde que el trabajador alcanza los 60 años de edad.
“Esto no es una batalla”
Saldaña aseguró que el Gobierno local ha trasladado a las secciones sindicales “información suficiente y necesaria” como para que “se pueda entablar una negociación de buena fe” y “con independencia del respeto a la estrategia que cada cual quiera seguir”.
El primer teniente de alcalde advirtió de que no es intención del Ejecutivo municipal que el proceso “se plantee como una batalla entre el Gobierno y los sindicatos”, ya que “esa postura no favorece en nada a la ciudad ni a la estabilidad de la plantilla”. “Tenemos un problema sobre la mesa y hay que salir de él tratando de que los efectos sean los menos perjudiciales posibles. Para nada favorece tratar de escenificar una confrontación”, apostilló.
Las partes han quedado emplazadas para una nueva reunión, que se celebrará este viernes, estando previsto además que la próxima semana se desarrollen otros dos encuentros.
El debate de los topes salariales
Mientras tanto, los sindicatos reaccionaron a los topes salariales que pretende imponer el Gobierno local y que persiguen que nadie cobre más de 70.000 euros brutos anuales ni menos de 20.000. La presidenta del comité de empresa, Nieves Calvillo (CGT), es partidaria incluso de que se reduzcan aún más los salarios más altos, lo que permitiría beneficiar a quienes cobran menos.
Según Calvillo, el Consistorio debería tomar como referencias las recomendaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que apuntan a que ningún empleado municipal -incluido el alcalde o alcaldesa- cobre más de 66.000 euros brutos anuales. “Entiendo que habría que bajar de 70.000 a 60.000, y siendo generosos”, defendió.
Por el contrario, la presidenta del comité advirtió que los 20.000 euros brutos anuales que se propone como salario mínimo en el Consistorio supone que, en la práctica, el trabajador no cobre más de “800 ó 900 euros mensuales”. “Si se quita el coste de la Seguridad Social y se divide ese importe entre catorce pagas, se va a condenar a algunos trabajadores a cobrar 800 euros”, apostilló.
La ATMJ, por su parte, prefiere no entrar en el debate de los salarios. “Nosotros no tenemos ningún prejuicio ante nada. No entramos en si el tope debe ser uno u otro porque entendemos que esas son posturas de carácter ideológico en las que nosotros ni entramos ni salimos”, argumentó el portavoz del colectivo, Tomás Lucero.
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