Según una providencia a la que ha tenido acceso Efe, el juez ha fijado la comparecencia de Barrantes el 23 de enero en relación con la intervención de Del Nido en un expediente administrativo para la enajenación de tres plantas en el edificio del Mercado Municipal de Marbella y su adjudicación a Cintra Aparcamientos.
Por su parte, la ex mujer de Del Nido, también abogada y que trabajó en el despacho del que fuera su marido, compareció como imputada la pasada semana ante el magistrado, que se interesó por una factura de más de 96.000 euros girada al Consistorio marbellí, han señalado a Efe fuentes judiciales
La letrada explicó que se trató de un recurso contencioso-administrativo contra la segregación del núcleo poblacional marbellí de San Pedro Alcántara cuyo encargo partió del ex alcalde Jesús Gil, ya fallecido.
En su declaración, indicó que pactó con Gil que sus honorarios estarían marcados según el criterio del Colegio de Abogados de Málaga y aseguró que el sucesor de éste al frente de la Alcaldía, Julián Muñoz, no había sido cliente suyo, según las mismas fuentes.
En esta causa, cuyo origen es una querella de la Fiscalía Anticorrupción, hay cerca de una veintena de imputados, entre los que se encuentran, además de Del Nido y Muñoz, el ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca y casi una decena de ex concejales del GIL en el Consistorio marbellí.
Querella de la Fiscalía Anticorrupción
En la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2006 consta que el abogado y presidente del Sevilla FC, José María del Nido, facturó directamente entre 2000 y 2001 un total de 1,5 millones de euros procedentes del Consistorio marbellí y 1,6 millones de las sociedades municipales.
La Fiscalía establece que hay "abundantes y evidentes indicios" de que Julián Muñoz y Del Nido llevaron a cabo una acción concertada para enriquecer al letrado a costa del erario municipal, con la cobertura formal de unos encargos que, en algunos casos, no se correspondían con el trabajo desempeñado.
La denuncia presentada por Anticorrupción responde a las diligencias iniciadas en enero de 2005 después de que el Tribunal de Cuentas remitiera el proyecto de informe de fiscalización relativo al Ayuntamiento y sus sociedades participadas durante los años 2000 y 2001, al apreciarse en éste "indicios de responsabilidad penal".
El fiscal señala que las cifras de facturación del abogado "resultan todavía más alarmantes" si se considera que el Tribunal de Cuentas sólo pudo analizar la facturación de Del Nido en dos años y calcula que la facturación global entre 1999 y 2003 fue de 6,7 millones de euros.
Entre las irregularidades detectadas, además de las relativas a la contratación de los servicios de Del Nido, destacó el cobro de facturas a sociedades municipales que durante el periodo fiscalizado tuvieron nula o escasa actividad, así como facturas por cantidades "absolutamente desproporcionadas" y cumplimentar "formularios de mero trámite".
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