Además de considerar injustificadas las escuchas y registros para el delito que se persigue, tampoco se ha resuelto la competencia del juzgado de Sanlúcar en este caso si existía una red con ramificaciones internacionales, como apuntaron desde la Guardia Civil. El propio juez se inhibió a favor de diez juzgados de toda España que ordenaron los registro en los domicilios de los imputados al no considerar que se trataba de una trama organizada.
En la Operación Horus, llevada a cabo por la Guardia Civil en 2011, fueron detenidas 16 personas en nueve provincias españolas, entre ellas el director y tres trabajadores del Centro de Recuperación de Especies Amenazadas de San Jerónimo (Sevilla).
Los implicados, según la Guardia Civil, robaban huevos y pollos de águila imperial del medio natural y los llevaban al centro de Sevilla, donde los presentaban como nacidos en el centro para seguir cobrando subvenciones.Los abogados Miguel Salas y Miguel Villegas, que defienden a dos de los citados el día 2, expresaron ayer a Efe su “sorpresa e indignación porque el Seprona de la Guardia Civil haya podido asumir como elementos probatorios de la investigación lo que no eran sino meros comentarios de personas sin el más mínimo rigor ni credibilidad”.
Como ya publicara el viernes Viva Sevilla, la acusación se basó en las denuncias de una persona identificada como Unay Talara, aficionado a difundir en internet “acusaciones injuriosas contra instituciones protectoras del medio ambiente y en especial contra el programa de conservación del águila imperial”. Por ello, anuncian que citarán a declarar tanto a Unay Talara como a los responsables del Seprona.
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