El abogado de los trabajadores, José Ramón Barrero, ha indicado a Europa Press que este miércoles se ha mantenido una primera toma de contacto en la que, no obstante, "no se ha dado ninguna solución", por lo cual los trabajadores "seguirán con la vía que entienden correspondiente hasta que no nos den garantías para solucionar la situación".
"Tenemos claro que si de aquí a la reunión no se saca nada en concreto para paliar la situación, se iniciaría la vía social", ha expuesto Barrero, que, frente a la pretensión de los empresarios de promover un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) --desde la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía en Sevilla se confirmó a Europa Press que se rechazó una primera solicitud en este sentido al no estar las causas suficientemente probadas--, "no entendemos que deba plantearse hasta que no reparen el daño a los trabajadores".
Así, expone que "si quieren presentar un nuevo ERE hay que solucionar la situación desde el 30 de noviembre hasta la fecha, y no garantizan el pago, ni vemos por ahora predisposición o voluntad".
Los trabajadores llegaron a presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo al constatar presuntas irregularidades en el proceso mediante el cual cesó la vinculación entre ambas partes. Y es que estas personas se encuentran en situación de alta laboral en la seguridad social, razón por la cual se ven imposibilitados para tramitar la prestación por desempleo, a pesar de las múltiples gestiones que la plantilla está llevando a cabo para tratar de regularizar su situación.
Según Barrero, podrían existir "indicios" de un presunto fraude en lo que respecta a las extinciones, varias de las cuales "se amparan en un presunto ERE que no está aprobado", exponiendo que los trabajadores habrían firmado los finiquitos en una situación en la que "se les han dado unas expectativas totalmente erróneas", con un "engaño manifiesto" en cuanto al consentimiento que han prestado.
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