Los socialistas observan “cómo quedan atrás muy pronto las promesas del alcalde, José Ignacio Landaluce, de revisar las cuentas municipales antes de proceder a nuevos endeudamientos”.
En opinión del portavoz del Grupo Municipal Socialista, Diego Sánchez Rull, “el alcalde da muestras claras de inconsistencia en su discurso. Se dedica en las cuestiones económicas a improvisar y a faltar a sus compromisos electorales y del discurso de investidura”.
Para Sánchez Rull, “era de esperar antes de tomar medida alguna que se realizase un análisis de la situación y, en su caso, llevar a cabo un plan de saneamiento. Landaluce deja el futuro económico del Ayuntamiento en manos de otros y ya está, en apenas un mes, empezando a errar”.
Desde las filas socialistas se considera que “es muy evidente que el discurso de la austeridad, de la catástrofe, tampoco se sostiene si el Ayuntamiento es capaz de afrontar la gestión de una operación crediticia de esas características”.
Para el PSOE, “el nuevo Gobierno está sembrando la inquietud entre proveedores, concesionarios y trabajadores sobre la situación económica del Ayuntamiento cuando lo que se necesita es generar confianza”.
Según Sánchez Rull, “nos preocupa que estos temores que quieren proyectarse persigan realmente un incremento de las ordenanzas fiscales que deben revisarse en el último trimestre del año”.
Swap
Estas críticas se producen en la semana en la que el edil delegado de Hacienda, Luis Ángel Fernández, señalara “los perjuicios que está causando para las arcas municipales una operación bancaria llevada a cabo por el anterior equipo de Gobierno de PSOE e IU”.
Se trata, según informó Fernández, de una operación conocida como swap (Contrato de aseguramiento del riesgo de inflación) firmada en 2008 con el Banco de Santander por la cual ya se le ha pagado a la entidad más de 333.000 euros durante los años 2009 y 2010, y por la que se le reclama al Ayuntamiento una cantidad superior a los 204.000 euros correspondiente al primer semestre del año, sin ningún tipo de beneficio para el Ayuntamiento.
Fernández afirmó que la actuación se realizó de manera “ilegal y clandestina”, en tanto que no existen informes técnicos y que no pasó por Pleno. Si se optase por la posibilidad de proceder a la cancelación anticipada de este compromiso, el Ayuntamiento debería abonar a la entidad bancaria un importe de 9.644.634,72 euros.
Por su parte, el PSOE señala que este seguro swap con el Banco Santander forma parte “de una operación luego fallida para cubrir el pago de la deuda a Urbaser mediante un crédito”.
Así, los socialistas apuntan que Fernández “tergiversa y miente al denunciar esta operación por cuanto no se trata de un crédito sino de un seguro, contó con informes técnicos y la Corporación fue informada mediante un decreto de Alcaldía que pasó por el Pleno”.
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