Red Eléctrica de España (REE) ha recibido concesión administrativa, por parte del Ministerio de Transición Ecológica, de ocupación de 56.727,45 metros cuadrados de Dominio Público Marítimo-Terrestre con destino al proyecto de nuevo enlace eléctrico submarino doble circuito entre la subestación Algeciras, ubicada en Puente Mayorga, dentro del término municipal de San Roque; y la subestación Virgen de África de Ceuta.
Según el anuncio publicado por la Unidad de Costas de la Delegación del Gobierno de Ceuta en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este jueves, dicha concesión administrativa, relacionada con el proyecto que supondrá la construcción de unas instalaciones anejas a las ya preexistentes en Puente Mayorga, y que ha provocado un fuerte rechazo social no solo en San Roque, sino en otras localidades de la comarca, se hace por un periodo de 25 años. Este periodo será prorrogable por periodos de igual o inferior duración hasta un máximo de 50 años, “si persisten las condiciones de interés público que motivaron el otorgamiento”, detalla el anuncio oficial, al que ha tenido acceso VIVA CAMPO DE GIBRALTAR.
Dicho acuerdo supone también la aplicación de un canon de 1.108.464,14 euros al año, detalla el anuncio.
Como se recordará, el proyecto de Red Eléctrica ha provocado una fuerte reacción adversa, especialmente en La Línea, donde inicialmente se iba a construir una nueva subestación en Los Portichuelos, que fue finalmente descartada por la presión del Ayuntamiento y la población; y en San Roque, donde se decidió después la ubicación de nuevas instalaciones anexas a la actual subestación Algeciras. En este caso, fue el Ayuntamiento de San Roque, junto a colectivos ciudadanos, el que puso el grito en el cielo.
El Ayuntamiento recuerda que el proyecto de interconexión carece en la actualidad de un informe favorable que descarte el impacto sobre la salud que supondría la construcción de una nueva subestación a escasos metros de un colegio y de bloques de vecinos de Puente Mayorga, una barriada que soporta ya importantes servidumbres industriales y energéticas como para acoger nuevas subestaciones que, en su día, se proyectaron en otro municipio cercano en un proyecto inicial que se modificó precisamente por la presión vecinal, a pesar de que dicha subestación se pretendía ubicar lejos de cualquier núcleo residencial.
Desde el consistorio sanroqueño se insiste en señalar que la ampliación de la subestación existente en la barriada de Puente Mayorga, utilizando para ellos los terrenos de la denominada Área Libre Industrial 7, es incompatible con la ordenación urbanística prevista en el Plan Especial y de Seguridad Industrial (PEYSI), aprobado en el año 2018, y con la calificación del suelo previsto en el PGOU vigente.
La nueva subestación eléctrica de 132 kV no puede construirse en la ALI 7, tal y como proyecta Red Eléctrica, toda vez que la normativa urbanística define las ALI como “espacios libres en las áreas industriales” y son, por tanto, corredores entre industrias y separadores de actividad.
Además, el PEYSI contempla en estos terrenos la creación de un nuevo viario paralelo a la carretera CA-34 fundamental para la seguridad y salidas de emergencia para la autovía.
La construcción de una nueva subestación en la ALI 7, además, requeriría de un nuevo estudio hidráulico-hidrológico que contemple que se trata de una zona potencialmente inundable, lo que hace inviable ubicar allí una subestación eléctrica.
Red Eléctrica defiende que el proyecto evita la instalación de hasta ocho apoyos (torres eléctricas) en el término municipal, al soterrar la totalidad de la línea eléctrica. Además, estará equipado con tecnología de vanguardia y las máximas garantías de seguridad. De hecho, todos los estudios llevados a cabo garantizan que el mayor nivel del campo electromagnético alrededor de la futura instalación es de 32 microteslas, una cifra muy inferior a los 100 microteslas que marca la normativa e, incluso, inferior a los 50 que emite el campo terrestre.
Además, señala que el proyecto, que prevé una inversión aproximada de 221 millones de euros, contribuirá a la descarbonización del Estrecho de Gibraltar, una de las zonas más afectadas por las consecuencias del cambio climático. De esta manera, su puesta en funcionamiento evitará la emisión de 300 kt de CO2 al año. Además, atiende a criterios de eficiencia económica.
Se estima que su puesta en funcionamiento permitirá un ahorro de 30 millones de euros anuales para el sistema eléctrico nacional, lo que se traduce en un beneficio para la región andaluza y sus consumidores.
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