Así lo ha explicado el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, tras reunirse con el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, para analizar la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ha anulado el artículo 51 del Estatuto andaluz que otorgaba a la comunidad la competencia exclusiva sobre las aguas del Guadalquivir.
Para hacer efectivo ese artículo, la Comisión Mixta de Transferencias aprobó en su día un decreto del traspaso de la gestión del río a la Junta, que ahora tras el fallo del TC queda sin efecto.
Por ello, ambos gobiernos acordarán, previsiblemente el miércoles, un nuevo real decreto que de forma transitoria sustituya al anterior y que encomiende la gestión del río a la Junta, a fin, según Griñán, de “garantizar la seguridad jurídica hasta que se acuerde la normativa que definitivamente vaya a gobernar la gestión del Guadalquivir a partir de la sentencia del TC”.
Con la encomienda de gestión, los actos administrativos que se han llevado a cabo como consecuencia de la aplicación del artículo anulado se convertirán en válidos y los funcionarios podrán seguir ejerciendo las mismas funciones que hasta ahora.
De todos modos, Griñán ha dejado claro que, sea cual sea el acuerdo, ambas administraciones quieren garantizar el principio de unidad de cuenca y la participación de las comunidades autónomas por las que también discurre el Guadalquivir.
También se respetarán algunos principios que ya estaban previstos en el artículo anulado, como la planificación general del ciclo hidrológico, las normas básicas sobre la protección del medio ambiente y las obras hidráulicas de interés general.
Ha dejado claro que el Gobierno andaluz acata y respeta la sentencia, “sin perjuicio -ha dicho- de que tenemos un sentimiento muy claro y manifiesto de que el Guadalquivir es el gran río andaluz”, toda vez que unos cinco millones de personas viven en la ribera y más del 90% de su cauce discurre por tierras andaluzas.
“Nuestra ambición sigue siendo la mejor gestión posible de un recurso que entendemos que es clave para nuestra comunidad”, ha recalcado Griñán antes de afirmar que tanto el Gobierno central como el autonómico coinciden en que “hay margen legal suficiente para que la voz de Andalucía siga siendo predominante en relación con el Guadalquivir”.
Durante la reunión del miércoles se analizarán los puntos que “pueden y deben incluirse en el nuevo modelo de gestión y la normativa que ha de ponerse en marcha”, que estará sustentada, en cualquier caso, en los artículos 43 y 50 del Estatuto, plenamente constitucionales.
La sentencia va a dar lugar a “un trabajo complejo de arquitectura jurídica” en el que los dos gobiernos se van a emplear en las próximas semanas, “respetando la sentencia, respetando las competencias del Estado, de las comunidades sobre las que también discurre el Guadalquivir y respetando la capacidad de gestión de la Junta de Andalucía sobre sus recursos”, ha apostillado Griñán.
El presidente de la Junta ha dicho que, de momento, ha mantenido contactos políticos con las comunidades afectadas, con las que habrá encuentros de carácter jurídico.
Además, y como ha venido haciendo desde que se conoció el fallo del TC, Griñán estará en permanente contacto con el PP, a quien notificará las conclusiones de su reunión con Zapatero, al igual que a Izquierda Unida.
Modelo de gestión
A este respecto, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, confió ayer en que esta reunión sirva para garantizar “una nueva gestión en materia de agua para Andalucía” y apuntó que “no es una pelea de competencias y nos equivocaríamos si fuera así”, pero señaló que lo que no puede ocurrir es que en Andalucía en los últimos años “se haya dejado de ejecutar una mayoría de los presupuestos previstos de inversión en materia de agua”.
“Hasta ahora lo más preocupante es que la gestión en materia de agua de la Junta de Andalucía ha sido desastre”, ha apuntado, por lo que el PP espera que el resultado de la reunión, en el marco de una lectura “sosegada pero lo más sincera posible” es que “sean capaces de garantizar la mejora en la gestión del agua, porque hasta ahora ha sido desastre”.
Sobre la sentencia del Tribunal Constitucional, ha señalado que no cabe más que “acatarla” y garantizar que Andalucía “siga manteniendo un papel prioritario en la gestión de la cuenca”.
Por su parte, el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, ha indicado que, más allá de lo que haya dicho el TC, el Guadalquivir es “claramente andaluz” por lo que ha exigido que la gestión y la planificación de obras se quede en Andalucía.
Según Valderas, Griñán debería de dejar claro que “el Guadalquivir es un río andaluz, exclusivamente andaluz, y que es necesario que sea gestionado prácticamente en exclusividad por la Junta”.
Castillo Sempere aboga por un rápido “acuerdo político”
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Castillo Sempere, confía en un rápido acuerdo entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía que permita “la máxima participación” de las comunidades autónomas, en especial la andaluza, en la gestión del Guadalquivir.
Castillo Sempere ha dicho que corresponde a los responsables políticos de los gobiernos central y andaluz alcanzar un acuerdo sobre la gestión del Guadalquivir que acate la sentencia del Tribunal Constitucional que ha anulado las competencias plenas.
En su opinión, este acuerdo “político” se debe de traducir en un documento “jurídico” que defina la gestión del Guadalquivir preservando la Constitución, los estatutos de autonomía de las comunidades implicadas y el fallo del Constitucional.
“La mejor solución es la participación máxima de las comunidades autónomas en la gestión del río Guadalquivir”, ha apostillado, a preguntas de los periodistas.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
