Así lo anunciaba en rueda de prensa en Huelva el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, quien explicó que en principio el PP acusa a 26 personas de delitos de “gravedad” como malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, uso de información privilegiada y fraude en subvenciones.
Asimismo, Sanz indicó que cuando el PP plantea la querella lo hace como “una primera aportación” y precisó que en la misma se indica que “no descarta la necesidad de su ampliación, porque dentro de las personas a las que se dirige también están todos aquellos que en virtud de la investigación que se desarrolla se consideren nuevos responsables en relación a este fraude”.
“Estamos ante una querella que necesariamente ha de ampliarse”, señaló, al tiempo que manifestó que pretenden también que “la persona responsable de haber cometido un fraude en relación a los ERE, que resulte condenada, se le exija restituir a la Hacienda Pública las cantidades indebidamente dispuestas o recibidas”.
Pese a esto, quiso dejar claro que en la querella “literalmente” se exige que “en ningún caso se pueda perjudicar los derechos de las empresas y los trabajadores que con buena fe y bajo la creencia de la legalidad de las subvenciones recibidas se acogieron a los ERE”.
“Frente al juego del PSOE, sucio y rastrero, la querella del PP es clara y tajante, una cosa son los que han cometido el fraude y otra los trabajadores y las empresas y dentro de toda la normativa y regularidad, no cabe mezclar las cosas, como algunos están interesados”, apuntó.
Explicó que la querella va contra “los infiltrados de manera irregular que en su mayoría son cargos públicos del PSOE, así como familiares y amigos que fueron introducidos de manera ilegal en los ERE sin nunca haber pisado la empresa correspondiente”.
Por su parte, la presidenta del PSOE-A, Rosa Torres, aseguró que el interés del PP al presentar esta querella “no es” esclarecer las irregularidades sino “dañar y herir” la imagen de los socialistas y del Gobierno andaluz, e insistió en que no habrá imputados en la listas electorales de su partido.
“Lo hacen tarde y mal”, criticó Rosa Torres en rueda de prensa en la que esgrimió que el objetivo “claro” de los populares “no es” esclarecer los que han incurrido en irregularidades sino “herir y dañar” la imagen del PSOE y del Ejecutivo andaluz.
En su opinión, los ciudadanos han percibido que el comportamiento de los socialistas es “absolutamente distinto” al del PP, que trata de “cubrir esas irregularidades e indecencias con la manta del cierre de filas”.
Por su parte, el presidente andaluz, José Antonio Griñán, aseguró que le gustaría que otras comunidades “hicieran lo mismo” que la Junta al denunciar los hechos y apuntó que suspenderá de militancia a las personas que tras declarar mantengan la imputación.
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