Así lo señaló ayer en rueda de prensa el subdelegado del Gobierno en Granada, Antonio Cruz, quien junto a los responsables provinciales de la Tesorería de la Seguridad Social, del INEM y de la Inspección de Trabajo, ha hecho balance sobre este caso, aún abierto, en el que se podrían superar los 400 implicados.
A los cuatro empresarios detenidos, algunos de los cuales crearon empresas que carecían de actividad laboral, se les imputan delitos de insolvencia punible, contra la Seguridad Social, falsificación de documentos y estafa, y a los 76 empleados restantes delitos de falsedad documental y estafa.
Las investigaciones se iniciaron a raíz de que la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Granada detectara desde 2006 -con motivo de sus controles habituales sobre recaudación- la existencia de empresas que, a medida que iban acumulando deuda por impago de las cuotas de seguros sociales, causaban baja.
Según han explicado, tras pasar a una situación de insolvencia se constituían nuevas mercantiles gestionadas por las mismas personas y a las que pasaban los trabajadores de las deudoras, quienes por su parte, tras ser dados de alta en los periodos mínimos exigidos, solicitaban y percibían prestaciones o subsidios por desempleo.
Paralelamente, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal (INEM) detectó y verificó la inexistencia de obras que justificaran el elevado número de supuestos empleados que mantenían dados de alta dichas empresas, lo que motivó que hace varios meses se presentara una denuncia.
Al parecer, los trabajadores, gran parte de ellos mujeres dedicadas de forma habitual a la venta ambulante y que aseguran haber trabajado pese a no identificar lugares, debían pagar unos 500 euros a los empresarios que les daban de alta.
El entramado estaba integrado por una decena de empresas dedicadas a la actividad de la construcción, en la modalidad de subcontratas, que -de forma personal y directa- eran dirigidas y controladas por el único encarcelado provisionalmente hasta el momento -C. I. A. N.-, con el que colaboraba J. R. C. C, para el que el juez decretó prisión eludible bajo fianza de 6.000 euros.
Para la constitución de las sociedad mercantiles, se hacían figurar domicilios falsos y en algunos casos se consignaban como socios y administradores a personas que no ejercían tales funciones y que hacían de meros "testaferros", quienes habían sido trabajadores de empresas anteriores y con "amplios" antecedentes policiales.
Todo ello se hacía, según los investigadores, para ocultar la verdadera identidad de los responsables, la localización de las empresas y eludir la acciones que pudieran llevarse a cabo por parte de la Seguridad Social.
El importe de lo percibido por prestaciones y subsidios por desempleo asciende hasta el momento a más 700.000 euros, mientras que las cotizaciones por los seguros de los trabajadores adeudadas superan ya los 3,5 millones de euros.
Del total de los detenidos, 78 de ellos tras prestar declaración ante el Cuerpo Nacional de Policía fueron puestos en libertad con cargos, mientras que C. I. A. N. y J. R. C. C. pasaron a disposición del juez.
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