Los Veintisiete respondieron así a una petición de las autoridades de Túnez, donde se acusa al expresidente y su entorno de “adquisición ilegal de bienes” y por “depósitos financieros ilícitos en el extranjero”.
Además, los Veintisiete se declararon abiertos a estrechar las relaciones con el país y a acelerar la firma de un estatuto avanzado de cooperación, que ya se negociaba con el régimen anterior.
Los ministros acordaron, al mismo tiempo, congelar los activos del depuesto presidente Zine el Abidine Ben Alí y de su esposa, unas sanciones que podrían extenderse en los próximos días a más personas de su entorno, a quienes se acusa en Túnez de saquear durante años la riqueza del país.
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